(PD).- Cuando se va a cumplir una década de la polémica muerte de un inmigrante marroquí tras desembarcar de una patera en una playa de Tarifa, la Audiencia de Cádiz ha condenado a seis meses de cárcel por un delito de homicidio imprudente al guardia civil que le disparó.
En una extensa y fundamentada sentencia, la Sección Séptima de Algeciras de la Audiencia de Cádiz despeja los numerosos interrogantes que había sobre la muerte del inmigrante en la madrugada del 3 de diciembre de 2000.
La versión oficial de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz sostuvo que el indocumentado, tras ser descubierto por una patrulla de la Guardia Civil, «se enzarzó con un agente al que, en el forcejeo, se le disparó el arma accidentalmente».
Explica Silvia Moreno en El Mundo que los hechos probados de la sentencia difieren de esta versión porque ni hubo forcejeo ni el disparo fue accidental. Fue un «disparo no intencionado, pero voluntario», señala el fallo de la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial.
Al sacar su arma y disparar, el guardia civil Santiago A.N. creó un «riesgo jurídicamente desaprobado» porque era «desproporcionado para la acción policial que trataba de salvaguardar» y tampoco estaba justificado por «ningún desencadenante peligroso para su vida o integridad», dice la sentencia.
De hecho, el inmigrante estaba «solo, desarmado» y «no parece racional» que tuviera una «reacción agresiva» porque sabía que el agente llevaba un arma de fuego. Por eso, los magistrados creen que «no había razones» para disparar y la conducta del acusado fue una «grave imprudencia profesional». Los hechos ocurrieron al filo de las dos de la madrugada del 3 de diciembre de 2000, cuando una patera con veinte inmigrantes indocumentados de origen marroquí desembarcó en la costa de Tarifa.
«Tras oír el grito ‘alto a la Guardia Civil’, se inició una persecución» en la que uno de los inmigrantes, Abdelhadi Lamhamdi, fue seguido por el acusado, Santiago A.N., dice la sentencia, fechada el 26 de enero, pero notificada esta semana a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha ejercido la acusación popular.
Lamhamdi siguió corriendo sin atender las órdenes, pero el guardia civil «sacó su arma e hizo un disparo intimidatorio al aire». El agente se acercó «con la pistola en la mano y llevando el dedo en el gatillo, sin haber puesto seguro». El marroquí se giró, el guardia «perdió el equilibrio» y en la caída, «apretó el gatillo en un movimiento reflejo, disparándose el arma». El inmigrante murió.
Aunque el agente alegó que hubo un forcejeo y el arma se disparó al caer al suelo, los magistrados no lo creen porque «obviamente no tiene obligación de decir la verdad» y hay dos pruebas periciales que «arrojan bastante luz sobre lo realmente sucedido» y contradicen al agente.
«La versión de Santiago no es cierta pues la pericial descarta que el arma se disparase al golpear el suelo», detalla la sentencia.
Además de los seis meses de cárcel por homicidio imprudente, el guardia civil ha sido condenado a un año y medio de inhabilitación para el ejercicio de su profesión y a indemnizar con no más de 300.000 euros a la familia del fallecido. También debe correr con las costas judiciales del proceso, incluyendo las de la acusación particular ejercida por el Consulado de Marruecos.
La APDHA dijo ayer que se trata de una importante sentencia, sólo oscurecida por la lentitud de un procedimiento que la Audiencia considera «totalmente indebido», con la aplicación de esta atenuante. «Se trata por desgracia de algo habitual y da una clara sensación de impunidad», denunció esta asociación.
