(PD).- Amnistía Internacional (AI) denuncia que «decenas de miles» de personas «se consumen cada año en los centros de detención para inmigrantes de Estados Unidos» sin que se celebre una vista para determinar si su detención está justificada.
Un informe presentado señala que el número de inmigrantes detenidos cada día se ha triplicado desde 1996 y recordó que la decisión sobre las detenciones corresponde en exclusiva a los funcionarios de inmigración, sin que haya un órgano judicial encargado de revisar cada caso.
La sección estadounidense de Amnistía Internacional presentó hoy el informe ‘A la cárcel sin justicia: Detención por motivos de inmigración en Estados Unidos’, en el que se muestra que, en poco más una década, el número de inmigrantes recluidos cada día se ha triplicado: de 10.000 en 1996 a más de 30.000 en 2008.
Es probable que la cifra aumente aún más en 2009, afirmó AI, ya que «la mayoría de los detenidos tienen grandes dificultades para conseguir un abogado o ayuda con la que conducirse por el complejo proceso legal». «Hay personas que se desesperan tanto que acceden a ser expulsadas aunque sus circunstancias no lo justifiquen», añadió.
Entre los detenidos, según la organización, figuran personas con residencia legal permanente en el país, inmigrantes indocumentados, solicitantes de asilo y supervivientes de tortura y de trata de seres humanos. «Para algunos de ellos, un funcionario de inmigración es la instancia final, y la única, que decide sobre su detención», denuncia el informe. En otros casos, «la detención ni siquiera se revisa», añade.
Por ello, recordó Amnistía, las organizaciones de Derechos Humanos han subrayado la necesidad de que un órgano judicial revise cada caso para determinar si la detención es necesaria. «En el sistema actual, plagado de errores y sin un mecanismo de supervisión significativo, la detención en sí misma puede, en la práctica, sellar el destino de un inmigrante», advirtió AI.
«PAÍS DE INMIGRANTES»
«Estados Unidos debe sentir indignación por la magnitud de los abusos contra los Derechos Humanos que tienen lugar dentro de sus propias fronteras», manifestó el director ejecutivo de AI de Estados Unidos (AIUSA), Larry Cox. «Las autoridades están encerrando sin el proceso debido a miles de seres humanos y recluyéndolos en un sistema por el que resulta imposible circular sin el equivalente jurídico a un GPS», añadió.
«Estados Unidos ha sido desde hace mucho tiempo un país de inmigrantes, y los Derechos Humanos de estos inmigrantes, ya lleven aquí cinco años o cinco generaciones, deben respetarse», prosiguió Cox. «El Gobierno estadounidense debe garantizar que toda persona detenida por motivos de inmigración tiene acceso a una vista en la que se determine si esa detención es necesaria», advirtió.
El informe de AIUSA revela, además, que el coste medio de mantener recluido a un inmigrante es de 95 dólares por persona y día, es decir, unos 2.850 dólares al mes, o lo que es lo mismo, «un total de cientos de millones de dólares que los contribuyentes pagan al año». Al respecto, recordó que se ha puesto en marcha un programa alternativo, con un coste de sólo 12 dólares al día, que en los casos en que se ha aplicado ha permitido que la comparecencia ante los tribunales de inmigración fuese del 91 por ciento.
«Según el derecho y las normas internacionales, la detención sólo debe utilizarse en circunstancias excepcionales, debe estar justificada en cada caso individual y debe ser objeto de revisión judicial», advirtió AI. «Para muchos inmigrantes, la libertad está fuera del alcance, porque las fianzas son desmesuradamente altas», agregó.
El informe cuenta el caso de una mujer china que relató a los investigadores de AIUSA que había huido de su país después de que su madre y ella recibieran una paliza en su casa por repartir folletos religiosos. Pidió asilo en Estados Unidos en enero de 2008, pero un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) decidió que debía permanecer detenida a menos que pagara una fianza de 50.000 dólares. No tenía derecho a apelar contra esta decisión, y a su familia le costó casi un año reunir el dinero para conseguir su liberación.
El documento recoge otros casos significativos, como el de un hombre de 37 años, con residencia legal permanente, que fue expulsado a Haití por poseer abonos de autobús robados, o los de varias personas con ciudadanía estadounidense o con residencia legal permanente en Estados Unidos que fueron sometidas indebidamente a detención obligatoria y pasaron «meses o años» entre rejas antes de poder demostrar que no había motivo para expulsarlas.
ABUSOS EN LAS CÁRCELES
Para dar cabida a los inmigrantes detenidos, cuyo número sigue aumentando, el ICE recurre cada vez con más frecuencia a la firma de contratos con cárceles estatales y locales: unos 350 de estos centros albergan al 67 por ciento de todos los inmigrantes detenidos.
En estos centros, que en teoría deben cumplir las normas de detención del ICE, «tanto la supervisión como la rendición de cuentas por los abusos o la desatención bajo custodia son prácticamente inexistentes, lo que da lugar a prácticas que violan las normas internacionales», aseguró AI. «Por ejemplo, es frecuente que a los inmigrantes se los someta a instrumentos de coerción excesivos, como esposas, cadenas en la cintura y grilletes, y que se los recluya junto a individuos encarcelados por delitos penales», añadió.
El informe denuncia también las dificultades de los inmigrantes detenidos para conseguir atención médica y destaca que al menos 74 han muerto bajo custodia en los últimos cinco años. Al respecto, cita el ejemplo de un inmigrante de Afganistán de 27 años de edad, que llegó a Estados Unidos junto con su familia como refugiado a los siete años y que empezó a orinar sangre no mucho después de ser detenido, además de sentir fatiga, dolor y malestar constantes. Tuvo que esperar seis semanas para ver a un médico y, al cabo de nueve meses, no había recibido aún ni diagnóstico ni tratamiento.
