Aunque la mayoría de los indocumentados luchan por una reforma migratoria, muchos aceptan con resignación una deportación voluntaria, mientras unos pocos recurren a lo que sea para ser devueltos a su tierra.
La mayoría de los que se inclinan por la deportación voluntaria son indocumentados que no han logrado regularizar su estatus, por lo que podrían tener una orden de deportación en contra.
«Muchas personas escoge la deportación voluntaria porque esto les permite evitarse la restricción de volver a entrar a Estados Unidos, la cual dura entre 5 a 10 años», informó a Efe Katherine Vargas, directora de Comunicaciones del Foro Nacional de Inmigración, en Washington, una entidad sin fines de lucro que lucha por los derechos de los inmigrantes.
La deportación voluntaria empero es una decisión que toma un juez.
«Este es un privilegio otorgado por un juez de inmigración después que la persona ha demostrado su intención de irse voluntariamente de Estados Unidos, demuestra que cuenta con los medios y bienes para marcharse por su cuenta», explicó a Efe Nicole Navas, portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), para el sur de Florida.
Durante el año fiscal 2008, sólo 1.751 personas se acogieron a la deportación voluntaria desde Miami, y desde 2003 a la fecha, 7.143, han regresado a casa con la esperanza de mantener vivos su sueño de regresar algún día, según estadísticas del ICE.
Este recurso permite además al indocumentado sin historial criminal ni fugitivo de ICE, hacer sus propios arreglos de regreso a su tierra en un plazo de 12 a 30 días, para resolver sus asuntos antes de marcharse.
Sin embargo, si no abandona el país en el término acordado, la oportunidad puede ser revocada, y se enfrenta a un procedimiento de deportación.
A la deportación voluntaria se acogen también muchas veces indocumentados que desean marcharse a su país, pero no cuentan con los medios económicos para ello.
«El ICE puede asumir los gastos de viajes de un extranjero indocumentado, pero sólo si no tiene historial criminal y antes de que se obtenga una orden de remoción, que permite al ICE 48 horas para verificar el estado migratorio de alguien, ya que es el gobierno quien carga la responsabilidad de comprobar la legalidad o no de los sujetos», dijo Navas.
Con cerca de 12 millones de indocumentados en el país, la deportación voluntaria es una excepción a la regla, y ni siquiera en los últimos dos años cuando la crisis económica afecta a miles de familias hispanas, ha sido considerada como primera opción.
«Pese a la situación de la economía y de la que muchos hispanos, especialmente trabajadores de la construcción son víctimas, nadie quiere irse, debido especialmente a que ya han hecho sus vidas en EEUU, donde son dueños de sus viviendas, tienen a sus amigos y familias y pese a la economía, estarán mejor que en sus países, por lo que la solución es una reforma migratoria», aseguró Vargas.
La deportación de un indocumentado no es proceso que se lleva a cabo de un día para el otro, ni es sencillo, aunque los deseos de irse al país de origen sean tan grandes que lleven a violar las leyes, como el caso de Roberto Carlos, de 28 años, de origen mexicano y residente de Port St Lucie.
«Llévame a la cárcel», dijo Roberto Carlos a un policía de Port St Lucie cuando los agentes respondieron a una llamada por una disputa doméstica entre él y un compañero de vivienda, el pasado 4 de abril.
Ante la negativa del oficial, Roberto Carlos «procedió a desnudarse y a correr por las calles de su vecindario, exhibiendo sus pares íntimas» gritando que quería que lo deportasen, según el informe policial.
«Si quería ser deportado, como se ha dicho, sólo tenía que entregarse al ICE, sin tener que pasar por un proceso criminal», dijo a Efe Navas, ya que la deportación pudo lograrla sin necesitad de cometer un delito.
El joven mexicano se enfrenta a un cargo por exponer sus órganos genitales en público, un delito menor según las leyes de Florida y de ser encontrado culpable, podría ser condenado con hasta un año en la cárcel.
Roberto Carlos, quien escuchará formalmente los cargos en su contra el próximo día 20, según archivos del la Corte del Condado Collier, donde ocurrió su arresto, deberá esperar para ver su supuesto deseo cumplido.
«Las órdenes de deportación generalmente son apelables», advierte Navas, y en casos de personas convictas de crímenes, el procedimiento muchas veces se inicia después de que el indocumentado haya respondido a cualquier acusación criminal a nivel local». EFE
