(PD).- En su celo por combatir a los inmigrantes ilegales, las fuerzas de ese país han detenido, o incluso deportado, a decenas de sus propios ciudadanos en los últimos ocho años. Eso afirma El Tiempo, que cita 55 de estos casos y afirma que algunos abogados señalan que hay cientos más.
Un caso particular es el de Pedro Guzmán, que nació en Los Angeles y ha sido un ciudadano estadounidense toda su vida. El año pasado, este hombre de 31 años con trastornos mentales, que no sabe leer ni escribir, fue arrestado por una infracción menor y terminó firmando documentos en los que aceptó ser deportado a México como indocumentado.
Durante casi tres meses, durmió en la calle, se bañó en ríos inmundos y comió desperdicios encontrados en cestos de basura, mientras su madre lo buscaba desesperadamente en morgues y hospitales de Tijuana. Finalmente fue hallado mientras trataba de ingresar nuevamente a Estados Unidos por Calexico, a 160 kilómetros de distancia.
De vuelta en California, «cambia de un momento a otro. Su cerebro lo transporta a los días en que estuvo desaparecido», dice su hermano Michael. «Le hablamos y le decimos que todo está bien, que nadie la va a hacer daño».
La investigación de meses de la AP documentó 55 casos en base a entrevistas, demandas y documentos obtenidos amparada en la ley de libertad de información. Estos ciudadanos fueron arrestados entre uno y cinco días.
La ley
Es ilegal deportar a ciudadanos estadounidenses o detenerlos por infracciones a las leyes de inmigración. No obstante, algunos ciudadanos terminan presos en centros de detención de un sistema que está desbordado, según admitió Víctor Cerda, quien fue uno de los máximos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, según sus siglas en inglés) hasta el 2005.
Se espera que la detención de presuntos indocumentados aumente un 17% este año y llegue a las 400.000 personas.
Como parte de la campaña contra los indocumentados, a veces terminan detenidos por error los más indefensos: personas con trastornos mentales, gente de pocos recursos, niños y personas que tienen pendientes órdenes de arresto. La mayoría de los arrestados, de lejos, son hispanos, según el estudio de AP.
«Cuanta más confusión haya en el sistema, más ciudadanos estadounidenses serán detenidos por error, y deportados por error», declaró Bruce Einhorn, juez de inmigración jubilado que dicta clases en la Pepperdine Law School. «Son el síntoma de un problema más grande. No hay nada más lamentable que la expulsión de nuestros propios ciudadanos».
Jim Hayes, director de detenciones y expulsiones del ICE, dijo estar al tanto de solo 10 casos de ciudadanos detenidos por error en los últimos cinco años. Agregó que la cincuentena de casos detectados por la AP «no constituyen una epidemia». Se negó a hablar de casos específicos para no violar las leyes que protegen la privacidad.
Indicó que los agentes tratan de corroborar la información cuando alguien dice que es ciudadano, pero que generalmente eso resulta ser mentira. Dijo que algunos ciudadanos a veces dicen haber nacido en el exterior y aseguró que ningún funcionario de inmigración detendrá a alguien si puede comprobar con certeza que es ciudadano.
Es imposible saber con exactitud cuántos ciudadanos han sido arrestados por indocumentados ya que nadie lleva la cuenta. Kara Hartzler, abogada del Florence Immigrant and Refugee Rights Project de Arizona, declaró ante la Cámara de Representantes el año pasado que su organización lidia con entre 40 y 50 casos por mes en los que alguien tiene argumentos potencialmente válidos sobre su condición de ciudadanos.
«Son casos sorprendentemente comunes», expresó.
El Vera Institute for Justice, una agrupación sin fines de lucro, detectó 322 casos de personas arrestadas por el servicio de inmigración en 13 centros de detención que dijeron ser ciudadanas en el 2007, comparado con las 129 del año previo. Esa cifra no toma en cuenta los casos de otros 300 centros de detención del servicio de inmigración.
Los arrestos de indocumentados aumentaron marcadamente desde que se reforzaron las medidas de seguridad tras los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Algunos sectores sostienen que se le ha dado demasiada autoridad a las policías locales para detener personas. Uno de cada diez hispanos nacidos en los Estados Unidos dijo que fue interrogado por las autoridades en torno a su status migratorio en el 2007, de acuerdo con un estudio del Centro Hispano Pew que involucró a más de 2000 personas.
El caso de Guzmán
Guzmán fue expulsado del país por un departamento de alguaciles.
Fue detenido cerca de su casa en la localidad californiana de Lancaster el 31 de marzo del 2007, por agentes del departamento de alguaciles del condado de Los Angeles, a raíz de una infracción menor, luego de intentar abordar tres veces un avión privado mostrando boletas de la lotería, según dice el informe policial.
También había robado un auto, supuestamente porque el vehículo de su madre se había roto.
Un juez lo condenó a tres meses de prisión por vandalismo y a tres años de libertad condicional.
En la cárcel, Guzmán le dijo a las autoridades que había nacido en California. Pero un empleado del departamento de alguaciles lo hizo firmar un documento en el que se comprometía a ser deportado sin una audiencia judicial.
El día que llegó a México, Guzmán llamó a un familiar y le dijo que no sabía donde estaba. Le preguntó a alguien que pasaba por allí, quien respondió: Tijuana. A esa altura se interrumpió la llamada.
Guzmán regresó a California legalmente en agosto.
Ahora no soporta el sol porque le recuerda a México. Su familia no lo deja hablar del tema porque lo altera demasiado. Va con frecuencia a sesiones de terapia, pero se lo nota frágil, tartamudea y dice que escucha voces, según su hermano.
«Esa persona que deportaron es nuestro hermano, el hijo de alguien», afirmó Michael Guzmán. «California es como una capital latinoamericana. No importa si uno es ciudadano o no. Si uno tiene aspecto de hispano, lo interrogan. Y cualquiera puede ser deportado».
Ni la oficina de alguaciles ni los funcionarios del servicio de inmigración hablan del caso, porque hay un proceso pendiente, ya que la familia de Guzmán demandó al condado de Los Angeles y al gobierno nacional.
«Cuando se conozca toda la historia, la gente entenderá lo que sucedió», expresó Steve Whitmore, de la oficina de alguaciles del condado de Los Angeles.
La madre de Guzmán, María Carbajal, mientras tanto, trabaja e turno nocturno en un Jack in the Box porque teme dejar a su hijo solo durante el día.
Víctimas en redadas
Ciudadanos estadounidenses también fueron víctimas de lasredadas en sitios de trabajo y se están procesando varias demandas.
En el 2007, 114 ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes radicaron demandas tras una redada en Micro Solutions Enterprises, firma que recicla impresoras de computadoras en Van Nuys, California. Dicen que fueron arrestados ilegalmente y piden 5.000 dólares cada uno en concepto de daños.
En el 2008, sindicatos que representan a los empleados de seis plantas empacadoras de carne de Swift radicaron demandas en nombre de ocho ciudadanos o residentes legales que fueron detenidos en redadas.
En un caso, tres ciudadanos y otras nueve personas, todos hispanos, plantearon una demanda después de que agentes del ICE hicieron redadas en sus casas de Nueva Jersey. La demanda dice que un agente le apuntó con un arma a un niño de nueve años que es ciudadano.
Hay un programa por el cual se trata de deportar rápidamente a indocumentados que cometieron delitos y algunos sectores temen que los agentes de inmigración cometan excesos y expulsen a cualquiera por cualquier motivo, pues consideran a los detenidos malas semillas, incluso si son ciudadanos estadounidenses.
