El abogado de Manuel Rosales, Javier Valle Riestra, estimó que el asilo político solicitado por el opositor venezolano tardará en resolverse aproximadamente dos meses, en el que el Gobierno estudiará el caso. Aunque no estuvo seguro de la fecha, estimó que en ese tiempo puede estudiarse la situación de Rosales y señaló que «una resolución precipitada puede ser nociva, pero nuestro objetivo es el asilo”.
Aclaró que desde el momento en que el gobierno peruano recibió la solicitud de asilo, no proceden futuros pedidos de extradición contra el líder opositor y alcalde de la ciudad de Maracaibo.
Añadió que mientras Rosales esté en el país tendrá que acudir a dar su manifestación en las instancias correspondientes y no podrá realizar declaraciones de tono político mientras dure el proceso presentado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Valle Riestra precisó que no representa en este caso la posición del partido aprista o del Congreso de la República, sino que actúa en su condición de abogado.
Afirmó que este pedido de ninguna manera significa un rechazo al gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez.
Por su parte el vicepresidente del partido “Un Nuevo Tiempo” de Venezuela, Timoteo Zambrano, dijo que se eligió al Perú ya que este país cuenta con una “legislación avanzada” la cual ofrece las garantías necesarias para pedir el recurso del asilo político.
Dijo que el político venezolano se encuentra en el territorio nacional porque el actual gobierno venezolano está realizando una “cacería” contra Rosales, quien compitió en el 2006 en contienda electoral contra Hugo Chávez.
Zambrano descartó que la solicitud de asilo afecte las relaciones entre Perú y Venezuela o que ocasione futuros roces diplomáticos.
Recordó que la justicia venezolana no ha podido probar las acusaciones de presuntos delitos de corrupción contra Rosales.
El político venezolano llegó al Perú en los últimos días para solicitar el asilo político ya que asegura existe una persecución del gobierno de Hugo Chávez, que lo acusa de un presunto desbalance patrimonial y actos de corrupción.
