El ex alcalde de Santa Fe del Penedés (Barcelona) Marcel Surià es uno de los imputados relacionados con una banda desarticulada por la Policía Nacional dedicada a introducir ilegalmente a inmigrantes marroquíes, y a la que, al parecer, el responsable municipal facilitaba certificados de residencia falsos.
Junto a Surià, que dejó su cargo hace unos meses cuando supo que estaba siendo investigado por estos hechos, y tras alegar que actuó por razones humanitarias, ha sido imputada una auxiliar administrativa del consistorio, han informado fuentes cercanas a la investigación.
Tanto Surià como la trabajadora municipal se encuentran en libertad con cargos después de haber prestado declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Vilafranca del Penedés (Barcelona).
La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas: tres hombres marroquíes -que ya han ingresado en prisión tras ser puestos a disposición del juez- y un ciudadano español, integrantes supuestamente de esta banda dedicada a introducir inmigrantes en España, quienes a su llegada al país eran encerrados en diversas viviendas hasta que sus familias pagaban los 8.000 euros acordados.
La banda ofrecía a los inmigrantes certificados de residencia expedidos por el Ayuntamiento de Santa Fe del Penedés para que pudieran solicitar una residencia temporal por motivos de arraigo, ha informado la Policía Nacional.
La investigación que ha acabado con esta banda -que operaba desde un locutorio de la citada localidad- se inició a principios del año pasado, tras detectarse un notable incremento del número de certificados de residencia que los ciudadanos marroquíes que solicitaban desde ese ayuntamiento, uno de los municipios más pequeños de la comarca del Alt Penedés, para regularizar su situación.
El ‘modus operandi’ de la banda consistía en captar a personas de nacionalidad marroquí a quienes, por cantidades de dinero que oscilaban entre 1.000 y 1.500 euros, facilitaba la documentación necesaria para que pudieran regularizar su situación en España.
Además, la red organizada les facilitaba la entrada en España de forma ilegal en diversos tipos de vehículos (camiones, furgonetas y automóviles) a cambio de 8.000 euros, los cuales hacían efectivos la familia del ciudadano una vez confirmado que éste había entrado en España. Mientras tanto eran encerrados en viviendas en territorio español hasta que la banda recibía el dinero.
A los detenidos se les imputa los presuntos delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal, asociación ilícita, cohecho y detención ilegal.
