(PD).- El Gobierno va a suavizar el polémico proyecto de reforma de la Ley de Extranjería que tantas críticas ha recibido por parte de diversos frentes. Después de escuchar las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Económico y Social, del Foro Social para la Integración de los Inmigrantes y del Consejo General de la Abogacía Española, el Ejecutivo ha cedido a las presiones y ha aceptado a «introducir matices».
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha adelantado que «seguro» cambiará el artículo que en el actual texto -«bien porque estaba mal redactado, bien porque se entendió mal»- perseguía a las personas y colectivos sociales que prestasen ayuda humanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
El conocido popularmente como ‘delito de hospitalidad’ no lo será ya en el redactado que el Consejo de Ministros envíe al Congreso de los Diputados, y las personas que, de buena fe, empadronen en su casa a un extranjero indocumentado no serán condenadas a pagar multas millonarias, como hasta ahora se contemplaba.
«Nunca se va a perseguir a quien ejerza ayuda humanitaria», ha manifestado Corbacho. «Partimos del principio de que ninguna organización va a cooperar en el tráfico de personas», ha añadido.
La segunda modificación que también se hará «seguro», según el ministro, es introducir el derecho de «los menores inmigrantes no acompañados a ser escuchados antes de su repatriación». Esto no estaba contemplado en el actual borrador, a pesar de que una sentencia reciente del Tribunal Constitucional obligaba a ello. La enmienda llega después de que numerosos colectivos e instituciones hayan denunciado lo desprotegidos que la nueva Ley de Extranjería dejaba a los niños extranjeros.
«Y poca cosa más», ha concluido Corbacho, derivando al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la responsabilidad de decidir sobre la ampliación del tiempo máximo de permanencia de los ‘sin papeles’ en los centros de internamiento. En teoría, se pasa de 40 a 60 días, pero el actual texto fija una serie de excepciones que, en la práctica, llevan a que las retenciones puedan durar hasta año y medio, como rige la ‘directiva de la vergüenza’ de la UE.
Límites a la reagrupación
Tampoco queda claro que se vaya a enmendar la parte de la ley en la que se quita capacidad de decisión a las ONG. «Tendremos que ver cuándo es posible concederles representación», ha señalado Corbacho. Las restricciones a la reagrupación familiar, que se limita a los ascendientes mayores de 65 años, también se quedan como estaban, a pesar de las críticas.
Corbacho ha anunciado que próximamente se va a celebrar una reunión entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior para hacer los citados retoques. También ha revelado que él mismo empezará a reunirse con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para darles entrega del borrador «con los ajustes». En el plazo de «un mes o un mes y medio» el Consejo de Ministros volverá a dar el visto bueno al proyecto.