El ministro Corbacho admite que cambiará al menos dos artículos de la Ley de Extranjería

(PD).- El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha anunciado que el Gobierno matizará al menos dos de los artículos de su anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería que más críticas han suscitado entre los sectores jurídicos, las ONG y las asociaciones de inmigrantes, como son el que penaliza la hospitalidad y el relativo a la repatriación de los menores extranjeros no acompañados.

El ministro ha asegurado que no se sancionará a quien preste ayuda humanitaria a inmigrantes ilegales a través de ONG. El titular de Trabajo e Inmigración ha hecho hoy estas manifestaciones durante un viaje oficial en Bucarest, donde ha reconocido que el Ejecutivo ha aceptado cambios en la reforma de la Ley, tal y como aseguró ayer la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, una vez recibido un informe del Consejo General del Poder Judicial que sugería modificaciones para mejorar el anteproyecto.

«Nunca se va a perseguir a quien ejerza ayuda humanitaria en origen o destino, eso no va a ser objeto de sanción», ha indicado el ministro. El texto tipificaba como infracción grave, sancionada con hasta 10.000 euros, promover «la permanencia irregular de un extranjero».

Repatriación de menores

Corbacho ha explicado que el informe del CGPJ «valora positivamente» que el Ejecutivo haya dado cabida en el proyecto a las directivas de la Unión Europea y haya incluido las últimas sentencias del Tribunal Constitucional sobre extranjería.

El ministro ha subrayado que también se matizará el punto relativo a la repatriación de menores, puesto que tendrán derecho a ser escuchados antes de ser retornados. El informe del CGPJ hacía esta recomendación a la que se sumaba el Consejo Fiscal, que recordaba que la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional venía apuntando a esa necesidad.

En lo relativo a la reagrupación familiar para los mayores de 65 años, Corbacho, quien asiste hoy en Bucarest a la firma de dos convenios para el retorno de rumanos desde España a su país, ha dicho que «se mantiene» tal cual. El Foro de los Inmigrantes se opone al endurecimiento de las condiciones para la reagrupación familiar, mientras que el CGPJ puntualiza sobre la reagrupación de familiares «incapacitados» y pide cambiar este término por otro que no suponga la exigencia de una declaración formal de incapacitación del reagrupable.

Al Congreso en un mes

El ministro ha añadido que, una vez enviado el documento al Consejo de Estado, iniciará reuniones con los distintos grupos parlamentarios para hacerles la entrega formal del borrador sobre la reforma, que espera que pase al Congreso de los Diputados «dentro de un mes o mes y medio».

Corbacho no se ha referido hoy a otros de los aspectos que jueces, fiscales y asociaciones de inmigrantes también han recomendado matizar como lo relativo al periodo de internamiento -que el anteproyecto amplía de 40 a 60 días-.

El Consejo Fiscal sugiere que las causas del plazo de internamiento las supervise la autoridad judicial, mientras que el Foro de los Inmigrantes apuesta por retirar el aumento del periodo de internamiento. Otros de los puntos que los jueces recomiendan cambiar son la asistencia jurídica gratuita -se establece como condición que los extranjeros presenten una solicitud para dejar constancia expresa de que quieren dejar recurso en los procesos contencioso-administrativos, lo que el CGPJ considera una condición «más gravosa» que la exigida a los nacionales- y el artículo que aborda la violencia de género -las asociaciones proponen introducir excepciones en la autorización de residencia temporal de un extranjero ante la exigencia del proyecto de que los beneficiarios carezcan de antecedentes en España o en los estados de residencia.

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