(PD).- Para un inmigrante en situación irregular en España un contrato de trabajo es un mundo. La red que acaba de desarticular la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía de Murcia lo sabía y, por ello, vendía a estos ciudadanos falsos contratos de trabajo.
Se estima que esta banda podría haber llegado a estafar a un gran número de personas en Mazarrón, Alhama de Murcia, Fuente Álamo y Patiño, entre otras localidades.
Las investigaciones se iniciaron en octubre del pasado año tras percatarse de una serie de irregularidades durante la tramitación de permisos de residencia o trabajo. Tras una serie de pesquisas, la Policía Nacional comprobó que J.G.J.G., un vecino de Alcantarilla de 44 años y nacionalidad española, era el cabecilla de una red que se lucraba con la venta de falsos contratos a inmigrantes ilegales. Cobraban entre 500 y 2.000 euros por cada trámite.
J.G.J.G. disponía de una red de colaboradores, formada en su mayor parte por inmigrantes marroquíes, que se encargaban de contactar con otros extranjeros que desearan regularizar su situación.
Una vez contactados, les ofrecían la elaboración de un contrato de trabajo. Esta propuesta se utilizaba, en ocasiones, para traer personas desde sus países de origen.
Para llevar a cabo estos contratos, se utilizaban datos de empresas ficticias, que no ejercían actividad alguna y ni siquiera disponían de sedes o instalaciones.
Además, se utilizaban los servicios de diferentes asesorías que, ajenas a los propósitos de los investigados, se encargaban de tramitar la documentación que estos les confiaban. Especialmente se perseguía por esta vía el alta en la Seguridad Social de los clientes de la trama.
Por este procedimiento se han detectado hasta el momento un total de 21 solicitudes, presentadas ante la Oficina de Extranjeros y respaldadas por empresas ficticias.
J.G.J.G. fue arrestado el pasado día 22 de abril junto con siete personas más, todas ellas de nacionalidad marroquí, que colaboraban con éste en la tramitación de los documentos o en la captación de clientes.
A todos ellos se les imputan delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y falsedad documental.