(PD).- Decenas de miles de personas han salido a la calle en Perú en solidaridad con los pueblos nativos de la Amazonia y en rechazo a la postura del Gobierno respecto a la llamada ley de la selva. En Lima, la capital, se han producido duros enfrentamientos entre la policía y los asistentes a la manifestación, convocada por organizaciones sindicales, universitarias y civiles.
La marcha convocada en la capital del país tuvo un inicio pacífico, pero cambió de cariz cuando un grupo de jóvenes rompió el cerco policial, que les impedía acercarse al Palacio de Gobierno, y comenzó a correr en dirección al Parlamento. Las astas de las banderas, que hasta ese momento habían enarbolado frases como «la selva no se vende», «Alan asesino, igual que el Chino [en referencia al ex presidente Alberto Fujimori]» o «No más derramamiento de sangre por culpa de los otorongos (congresistas)», se convirtieron entonces en proyectiles y palos cuyo objetivo era la policía.
La policía respondió al ataque con bombas lacrimógenas, cuyo gas provocó el caos entre los manifestantes, que respondieron con nuevos lanzamientos de piedras y botellas de vidrio, así como algunos cócteles molotov.
En el resto de las principales ciudades del país las marchas también fueron numerosas, aunque no derivaron en episodios violentos.
Polémica sobre la ley de la selva
El decreto legislativo 1090, conocido como ley de la selva, que modifica la Ley Forestal del año 2000, fue aprobado el 28 de junio de 2008 como parte de un grupo de leyes propuestas por el Ejecutivo peruano para adecuarse a las condiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El Gobierno sostiene que la norma pretende regular y supervisar la gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, incluyendo concesiones de ecoturismo y de conservación, a través de una autoridad dependiente del Ministerio de Agricultura.
Sin embargo, los indígenas de la Amazonia peruana temen que los decretos abran la puerta a una descontrolada inversión privada y denuncian que la norma fue aprobada sin el consentimiento de los pueblos nativos, contra lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este miércoles, el congreso peruano decidió suspender durante 90 días esta ley , con el objetivo de estudiar posibles modificaciones y encontrar una salida a los problemas con los pueblos nativos amazónicos.
Desde hace dos meses, unas 5.000 personas de más de 60 tribus peruanas, aglutinadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), se han pronunciado en contra de dichos decretos y han bloqueado carreteras y vías fluviales, y han obstaculizado las operaciones petroleras y gasíferas de la región, lo que ha causado que varias ciudades sufran desabastecimiento de alimentos y cortes de energía.
El episodio más violento se produjo el pasado fin de semana, cuando 34 personas murieron en los choques entre los nativos y la policía, que intentaba romper los bloqueos en las carreteras y oleoductos que estaban asfixiando a varias ciudades de la selva peruana. Los peores enfrentamientos ocurrieron cerca de la localidad de Bagua Chica, a unos 700 kilómetros al norte de Lima.
