Más de un millón de trabajadores inmigrantes con situación irregular en España no ejercen la totalidad de sus derechos laborales y colectivos, según ha dicho ayer el presidente de la Sala IV del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner.
Según dijo a los periodistas Moliner, el principal problema que encuentra este tipo de trabajadores es la falta de cobertura de la Seguridad Social ya que, al no tener permiso de trabajo, se les niega la posibilidad de cotizar y por ende, la de tener asistencia médica integral.
En este aspecto, el magistrado ha recordado que, en la mayoría de las situaciones, el empresario ofrece una indemnización de similar cuantía y tienen una cobertura por accidentes de trabajo, pero en tal caso, se les quita la posibilidad de tener Seguridad Social.
En materia salarial, Moliner ha comentado que en la mayoría de las ocasiones perciben una cuantía menor de lo mínimo que marca la ley y se someten a condiciones laborales «muy duras».
La causa de esta situación es el miedo a la repatriación, ya que el empleado irregular se encuentra con la paradoja de que, aunque tengan todos los derechos laborales, no pueden ejercerlos porque darían a conocer a las autoridades su situación irregular.
Por ello, el magistrado ha aclarado que la legislación nacional no persigue al trabajador «sin papeles» sino al empresario.
La dificultad en este caso reside en la escasez de medios para llevar a cabo un aumento significativo de las inspecciones de trabajo que vigilen la legalidad de las contrataciones.
Las multas que prevé la normativa de esta materia pueden alcanzar los sesenta millones de euros, lo que puede provocar el cierre del negocio que se arriesga a contratar inmigrantes sin la documentación pertinente.
Gonzalo Moliner se encuentra en Melilla para intervenir hoy en las Jornadas de Derecho «Enrique Ruiz-Vadillo» en las que hablará sobre la situación en la que se encuentran los empleados «sin papeles» en materia sanitaria y salarial.
