(Carlos Larreategui).-El estudio publicado hace pocos días por el coronel Alberto Molina, ‘Militares y la Revolución Ciudadana’, activa un debate pendiente que el Gobierno y, particularmente, el Ministro de Defensa han rehuido de forma sistemática: ¿cuál es el plan que el Gobierno ha diseñado para las Fuerzas Armadas en la construcción del socialismo del siglo XXI?
Para Hugo Chávez, portaestandarte de ese proyecto político, las Fuerzas Armandas (FF AA) son un instrumento del Estado para establecer el socialismo y de ninguna manera son apolíticas.
En sus palabras: “La institucionalidad fue una manera de asumir una posición contraria al mandato del pueblo… Los oficiales están obligados a levantar la bandera del socialismo o muerte, sin complejos, sin ambigüedades”. Su doctrina militar, conocida como ‘Defensa integral de la nación’, establece una corresponsabilidad entre Estado y sociedad civil en materia de seguridad nacional, no solo alienta una rápida y agresiva ideologización de los estamentos militares, sino la incorporación de milicias civiles en las estructuras castrenses para crear un auténtico ejército del pueblo que defienda la ‘revolución’.
La institucionalización y profesionalización de nuestras FF AA, impedirían, por ahora, aplicar esta doctrina en el Ecuador. Sin embargo, Alberto Molina advierte un plan deliberado para debilitar la institución militar que se expresa en varios hechos: el desmantelamiento de los aparatos de inteligencia militar y la instalación de un órgano de inteligencia en Carondelet; el archivo del denominado Libro Blanco que contiene los elementos sustanciales de nuestra seguridad y defensa; el alto grado de inestabilidad que afecta a la cúpula militar, con cuatro ministros de Defensa y tres comandantes del Ejército en dos años; la participación de la Marina en Petroecuador, en clara violación de la Ley.
Existen otros sucesos, según el autor, que apuntan en la misma dirección. Las reformas constitucionales introducidas por la Asamblea Constituyente menoscaban la estructura institucional de las FFAA al interior del Estado ecuatoriano. Los nuevos preceptos suprimen el concepto tradicional de que la Fuerza Pública se debe al Estado y alientan la idea de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrían colocarse al servicio del Gobierno de turno y su programa político.
Aunque el Ministro de Defensa niegue categóricamente cualquier designio político para las FFAA, ningún socialismo revolucionario podría alcanzar sus objetivos sin el apoyo de la Fuerza Pública. Por ello, resulta muy importante leer las reflexiones hechas por el coronel Molina y debatir los problemas que su obra plantea. Los ecuatorianos tenemos el derecho de conocer el futuro de la institución a la que hemos confiado el manejo de las armas de la República.
*Analista ecuatoriano