(PD).- El nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti, ha anunciado este jueves que no tiene «ninguna objeción» a adelantar las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre en el país como una salida a la crisis causada por el derrocamiento de Manuel Zelaya el pasado domingo.
El mandatario, aislado internacionalmente, plantea esta solución como «un arreglo político» que podría considerar si se lo propone el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que este viernes viaja a Tegucigalpa para hablar con el Gobierno.
Además, Micheletti ha declarado que no se opondría a un referéndum en el que los hondureños decidiesen la vuelta de Zelaya al poder, aunque aclaró que no lo haría en este momento «sumamente difícil» para el país. «Los vamos a escuchar [a los miembros de la OEA], de repente no se van a reunir conmigo, pero van a hablar, tengo entendido, con la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, y yo soy la última parte en caso de que haya que dialogar con ellos», dijo Micheletti en una rueda de prensa.
Poco antes, Insulza había declarado en Georgetown, capital de Guayana, que no va a Honduras «a negociar», sino a «pedirles que cambien lo que han estado haciendo ahora y encuentren maneras de retornar a la normalidad». Insulza subrayó que la comunidad internacional «ha hecho prácticamente todo lo que podía hacer» para reclamar la restitución de Zelaya y advirtió de la posibilidad de sanciones contra Honduras si no acata la resolución de la OEA aprobada el pasado miércoles, que da un ultimátum de 72 horas al nuevo Gobierno para restablecer el orden institucional.
En las elecciones del 29 de noviembre, convocadas en mayo pasado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los hondureños votarán por un presidente, diputados y alcaldes para el periodo 2010-2014. La crisis política que vive Honduras tiene su génesis en el referéndum convocado por Manuel Zelaya el pasado domingo para preguntar a los hondureños si querían que se convocara una Asamblea Constituyente, una consulta declarada ilegal por la justicia ordinaria y electoral, entre otros órganos, porque el Ejecutivo no tiene facultades para convocarla.
Precisamente este jueves la fiscalía hondureña ha confirmado que el pasado martes emitió una orden internacional de búsqueda y captura para que Interpol detenga «donde se encuentre» a Zelaya por traición a la patria, abuso de autoridad, usurpación de funciones y delitos contra la forma de gobierno. Según el portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte, los cuatro delitos «están relacionados con las acciones de la consulta» convocada por el presidente depuesto.
Zelaya, que se encuentra ahora en El Salvador, ha anunciado que esperará a que finalice el ultimátum de 72 horas para volver al país el próximo sábado acompañado de los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, y de Ecuador, Rafael Correa.