El portavoz en materia de inmigración del PNV en el Congreso, Emilio Olabarria, ha anunciado que su partido presentará una enmienda a la totalidad a la reforma de la Ley de Extranjería porque «no resuelve el problema de fondo» y tiene una «impronta berlusconiana».
El PNV también está en contra de la «facultad absolutamente discrecional» que concede al Ministerio de Interior para «revocar la situación de los inmigrantes».
Según denuncia el diputado vasco, este proyecto de reforma no territorializa los fondos de acogida e integración de los inmigrantes, pero sobre todo, no garantiza la participación de las comunidades autónomas o diputaciones forales, que tienen competencias en políticas de inmigración.
Olabarria pedirá la devolución del proyecto al Gobierno por considerar que esta reforma vulnera las competencias vascas en materia de integración social de los inmigrantes, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, de adopción, de tasas y devengos de los procedimientos administrativos, de acogimiento de menores, autorización inicial del trabajo y en materia del uso de la información y los procedimientos administrativos.
Además, afirma estar «muy preocupado» por la manera en la que se conciben los derechos y libertades públicas de los extranjeros a los que «se les envuelve con una concepción paternalista sometiéndoles a acciones formativas en torno a libertades públicas, democracia, tolerancia, igualdad, etc., presumiendo que el extranjero, por el hecho de serlo, carece de estos valores».
Tampoco le gusta al diputado vasco que se «limite la libre circulación o el derecho de sufragio o que se explicite que los menores de 18 años no empadronados tengan derecho a asistencia sanitaria» porque se pregunta «¿y los adultos no?, ¿ qué pasa con ellos?».
Igualmente, muestra su preocupación por el hecho de que la «reagrupación familiar se limite a la familia nuclear», lo que ha calificado de «retroceso respecto a la legislación del año 2000», o «la creación de un Registro de Extranjeros no Comunitarios», que supone «una discriminación que vulnera el principio de igualdad y somete a los inmigrantes no comunitarios a una desconfianza que no sabemos muy bien qué finalidad tiene».
Olabarria también critica que el contingente de autorizaciones de residencia y trabajo «pasa a vincularse a la situación actual del empleo, un concepto etéreo que puede abrir la puerta a decisiones absolutamente arbitrarias y que teniendo por ejemplo en cuenta la situación de paro actual, puede provocar que ese contingente sea igual a cero durante varios años».
Finalmente, el diputado denunció que «algunos de los aspectos de esta reforma tienen impronta Berlusconiana, como por ejemplo considerar infracción grave sancionable con hasta 10.000 euros el hecho de no abandonar el país acabado el periodo de residencia o el hecho de incrementar el periodo de internamiento de 40 a 60 días».
