El presidente Uribe ultima el acuerdo para autorizar operaciones militares de EEUU en Colombia

El presidente Uribe ultima el acuerdo para autorizar operaciones militares de EEUU en Colombia


El Gobierno del presidente Álvaro Uribe, armado de razón, justificó este jueves por todos los frentes el acuerdo que negocia con EE UU para ampliar la presencia de militares y contratistas estadounidenses en el país. El pacto permite a Washington trasladar al territorio colombiano las operaciones de su base de Manta, en Ecuador.

El uso de parte de estas instalaciones, cedido por Quito a EE UU hace diez años, caduca en noviembre de este año y el presidente Rafael Correa hace ya tiempo que avisó a la Casa Blanca que no iba a renovar la concesión.

Los estadounidenses ya han comenzado a salir de Manta y han prometido que para mediados de septiembre ya no habrá ni uno solo de sus efectivos. Este puesto de operaciones en Ecuador conformaba, junto a los de El Salvador y Curazao, una especia de trampa casi invisible ideada por Washington para cazar los vuelos de los narcotraficantes.

En Manta, Estados Unidos podía tener hasta ocho aviones para el rastreo de naves y submarinos del narcotráfico. Las naves cubrían un área de 6.400 kilómetros sobre el Pacífico, desde Perú hasta Centroamérica. Hasta octubre se habían decomisado unas 1.617 toneladas de drogas en operaciones en este triángulo, según cifras oficiales estadounidenses.

El nuevo acuerdo de cooperación militar entre EE UU y Colombia prevé, según la prensa colombiana, que los estadounidenses utilicen las bases de Malambo, en la región Atlántico, Palanquero (Cundinamarca) y Apiay (Meta) para operaciones contra el narcotráfico. Añadido a esto, Bogotá querría que Washington también aumente su personal en las bases de Larandia (Caquetá) y Tolemaida (Tolima).

Con este despliegue, Bogotá pretende que dar tanto peso a las operaciones orientadas a la lucha contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como a las que efectúan contra el narcotráfico. La de Apiay, por ejemplo, sería la punta de lanza para intensificar la lucha contra el frente oriental de los guerrilleros.

Uribe quiere garantizar con este acuerdo que su país estará más que presente en los planes de asistencia de Washington, sobre todo con vistas a la futura renegociación del Plan Colombia (el pacto de ayuda militar suscrito en 1999). El presidente también quiere que el servicio secreto colombiano se beneficie de los datos en tiempo real que los aviones espías estadounidenses pueden brindarle.

A cuantos más vuelos y más regiones vigiladas, más información. Añadido a esto, Colombia prevé quedarse con todo lo que EE UU construya en esas bases a lo largo de los próximos años, según indica el diario El Tiempo.

El acuerdo ha suscitado un arduo debate político en Bogotá. La oposición teme que haya una verdadera concesión de soberanía hacia los militares estadounidenses. Sin embargo, el Gobierno ha asegurado que el control de todas las operaciones las seguirán teniendo las autoridades del país y que el número de efectivos estadounidenses en territorio colombiano se mantendrá en un máximo de 800 militares y 600 civiles, cifras ya pactadas en el Plan Colombia.

El senador Jorge Enrique Robledo, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, advirtió de que el pacto «viola de manera flagrante la soberanía y la autodeterminación nacional, convierte a los colombianos en peones en la estrategia militar de la Casa Blanca por el control del mundo, constituye una acción hostil con las países vecinos y es contraria a la Constitución».

«El objetivo es la lucha y el fin del narcotráfico y el terrorismo», señaló el canciller, al explicar que la cooperación con Washington se remonta a 50 años y que el nuevo esquema respetará los acuerdos vigentes, basados «en la neutralidad y el respeto a la soberanía», aclaró el ministro de Exteriores colombiano Jaime Bermúdez.

«No se permite la creación de una base militar estadounidense, no se afectará a terceros Estados», detalló Bermúdez, quien agregó que tendría una vigencia de diez años y supondría inversiones en infraestructuras por parte de EE UU por 5.000 millones de dólares. El alcance «es exclusivamente para Colombia, no debería afectar la relación con los países vecinos ni con un tercer país, sino al contrario porque en la medida en que Colombia acabe con el narcotráfico y el terrorismo, se va a beneficiar a la región», añadió.

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