Expertos en Justicia han criticado ayer la ampliación del plazo de internamiento de inmigrantes sin papeles incluida en el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería y han coincidido en señalar que la nueva normativa supondrá mermas en los derechos fundamentales de los inmigrantes.
Así se ha puesto de manifiesto en la mesa de debate sobre los impactos de la normativa de la inmigración en la Justicia celebrada en las Jornadas sobre Inmigración, Educación y Seguridad de los cursos de verano de la UJA, dirigidos por el magistrado Baltasar Garzón en Torres (Jaén).
Para el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, la ampliación del plazo de internamiento de los inmigrantes sin papeles, que pasa de 40 a 60 días, es sólo uno de los puntos más polémicos de la nueva legislación.
«Se interna en muchos casos a personas que no pueden ser expulsadas y llegan a centros de internamiento vigilados por policías, no por funcionarios de prisiones», ha explicado.
Según Andreu, «si por algo se caracteriza el nuevo proyecto de Ley de Extranjería es por suponer una merma y reducción de los derechos fundamentales de los seres humanos, entre ellos se elimina la obligatoriedad de las administraciones para garantizar un mínimo de plazas en las enseñanzas no obligatorias para los inmigrantes en situación de irregularidad».
En la mesa de debate, moderada por Baltasar Garzón, han participado también la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado y la presidenta del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, Francisca Sauquillo.
Sauquillo ha recordado que en menos de nueve años se han sucedido cuatro cambios legislativos y que el Tribunal Constitucional ha ido marcando los derechos de los inmigrantes y las diferentes directivas comunitarias.
Respecto al proyecto de Ley de Extranjería, Sauquillo ha señalado como aspectos positivos la inclusión de mujeres víctimas de violencia de género, a las que se les permite disponer de un permiso de residencia temporal o el asilo por motivos de orientación sexual y menores no acompañados.
Por su parte, Dolores Delgado se ha centrado en destacar la creciente preocupación por el tráfico de seres humanos, tanto para su explotación laboral, de menores, para la extracción de órganos o la más habitual en España, que es la explotación sexual de mujeres, captadas en origen y traídas para ejercer la prostitución en clubes de alterne.
En este sentido, Baltasar Garzón ha añadido que el 90 por ciento de las mujeres que se dedican a la prostitución son extranjeras.
