España ha reorientado progresivamente su política migratoria lanzando, en noviembre, un plan de retorno voluntario con el fin de incentivar a los inmigrantes no comunitarios en paro a que regresen a sus países de origen.
El programa propone el pago anticipado de la totalidad del subsidio de paro (40% en España y el 60% restante en sus países, al mes siguiente) a condición de que el inmigrante regrese a su país y renuncie a la obtención de un permiso de residencia y de trabajo en España durante al menos tres años.
Según la OCDE, a mediados de marzo, de las 80.000 personas que podían estar interesadas, solamente 4.000 inmigrantes sin trabajo se habían acogido a este programa. Si nos atenemos a las cifras, el fracaso es inapelable.
