La población emigrante cuesta a las arcas gallegas 170 millones de euros al año

La red de gallegos que viven en el exterior, según datos de la Oficina del Censo Electoral, se ha incrementado en un 22% en los últimos ocho años. Son más de 330.000 los habitantes de Galicia que tienen su residencia en otros países, la mayoría en Suramérica.

Expolica Selina Otero en El Faro de Vigo que el Gobierno gallego corre con los gastos en sanidad, educación y prestaciones sociales de los gallegos que en su día decidieron ubicar su futuro al otro lado del Atlántico para generar riqueza.

Este vínculo con su comunidad de origen, Galicia, tiene un coste para la Xunta, de modo que la población emigrante cuesta a las arcas gallegas 170 millones de euros al año.

La factura es lo suficientemente elevada para que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insista ante Madrid para que la tenga en cuenta en el reparto de la financiación.

Ayer mismo el presidente de la Xunta exigió una partida específica de 100 millones para emigración; un fenómeno que define a una comunidad como la gallega desde los años sesenta y que requiere una gran atención por parte de la Administración autonómica.

Núñez Feijóo no está dispuesto a que esta variable, crucial para Galicia, se pase por alto, al igual que ocurre con la dispersión. Hoy es el día clave para conocer las cifras exactas de las partidas que le corresponden a cada autonomía en la distribución de los fondos estatales, una cifra que algunas comunidades ya han conseguido cerrar con satisfacción (Cataluña o Andalucía), mientras otras, como Galicia o Castilla y León todavía desconocen.

Según el presidente de la Xunta, la presión se vivirá hasta el último minuto. «Galicia tiene el 27% de la población de emigrantes de España y, al mismo tiempo, es la comunidad autónoma a la cabeza en número de emigrantes en el censo propio, con un 15%.

Si queremos repartir bien los fondos adicionales en relación con el incremento poblacional, lo lógico es que se tenga en cuenta el peso de una población que supone el 15% del censo poblacional», argumentaba Feijóo hace unos días. Y, ante la ausencia de la respuesta esperada, el presidente de la Xunta reiteró ayer (horas antes de la decisión final de Madrid) que Galicia «no va a renunciar a nada de lo que le corresponde».

«El Estado no puede minusvalorar a más de dos millones de ciudadanos que viven en Galicia e ignorar a casi 400.000 emigrantes. Les estamos dando pasaportes a hijos y nietos, Galicia les presta servicios y ahora se les niega el derecho a que computen como el resto de ciudadanos españoles. Es inaceptable», manifestó ayer el jefe del Ejecutivo gallego.

Es que los gallegos que habitan en otros países y son parte del censo de residentes ausentes, tienen derechos reconocidos por ley, concretamente en el Estatuto del español residente en el exterior. Este coste de prestación es asumido por la Administración gallega, traduciéndose en unos 170 millones de euros anuales, según fuentes de la Consellería de Facenda. La mayoría de este dinero se destina a sanidad y prestaciones sociales.

De hecho, uno de los compromisos de la Administración fue el de proporcionar la tarjeta sanitaria a todos los emigrantes para garantizar una buena cobertura en sanidad a todos los residentes fuera.

Las entidades y centros gallegos en el exterior, de acuerdo con sus propios estatutos, prestan a sus asociados distintos servicios: sanitarios y asistenciales, acogida de mayores o personas con pocos recursos, servicios educativos o actividades recreativas y culturales.

Son muchos los programas que la Administración puso en marcha en su momento, como becas para universitarios en el exterior, ayudas a infraestructuras, subvenciones económicas individuales o facilidades para el retorno. La red de gallegos fuera de Galicia alcanza más de 40 países de los cinco continentes.

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