El depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya, seguía ayer en «pie de lucha» en la frontera de Nicaragua con Honduras en la víspera de cumplirse un mes de su derrocamiento, que abrió una crisis política para la cual aún no se ve una salida.
Zelaya se encuentra en la localidad nicaragüense de Ocotal, a 25 kilómetros de la frontera, donde organiza con algunos de sus seguidores una «resistencia pacífica» después de haber fracasado por segunda vez en regresar a su país.
Su familia y otros grupos de seguidores se encuentran al otro lado de la línea fronteriza, esperando que los militares hondureños les permitan cruzarla para reunirse con el mandatario, que el pasado 28 de junio fue detenido y expulsado de su país por militares y luego destituido por el Congreso, que nombró presidente a Roberto Micheletti.
Zelaya habló hoy por teléfono con el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien desde Venezuela le garantizó que el Gobierno de España hará todo lo necesario para que su retorno a Tegucigalpa «sea lo más rápidamente posible».
Moratinos, en una rueda de prensa en Caracas junto a su colega venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que Zelaya se comprometió a evitar situaciones que puedan derivar en violencia y emplazó al Gobierno de facto de Roberto Micheletti a actuar de la misma manera y permitir el regreso al orden constitucional.
El ministro español instó a acelerar el proceso diplomático para encontrar una salida a la situación en Honduras a través de mediaciones como la del gobernante costarricense, Óscar Arias.
El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ian Kelly, reiteró hoy que los intentos de entrar en Honduras por parte de Zelaya, el último de ellos el pasado viernes, sin haber logrado un acuerdo previo con el Gobierno de facto «no ayudan» al proceso de mediación de Arias.
«Seguimos urgiendo al presidente Zelaya a permitir que el proceso político prospere (…) y a todas las partes a abstenerse de acciones que no contribuyen a avanzar, dijo Kelly.
Arias, que reunió este mes a representantes del Gobierno de Micheletti y de Zelaya en San José para dos rondas de conversaciones, ha hecho una propuesta para salir del atolladero en que se encuentra Honduras.
Uno de los puntos del llamado Acuerdo de San José es el restablecimiento de Zelaya en la Presidencia hasta enero, cuando debería entregar el poder al ganador de las elecciones previstas para el 29 de noviembre.
El derrocado mandatario ha dado por «fracasado» el diálogo, pero el Gobierno de Micheletti, a pesar de considerar «indeclinable» su negativa a que Zelaya regrese, sigue vinculado a la labor de mediación.
El Congreso Nacional de Honduras celebraba hoy una reunión para discutir la posibilidad de aceptar la propuesta de Arias de otorgar amnistía política a los involucrados en la crisis, mientras que el Tribunal Supremo Electoral analizará esta semana un posible adelanto de las elecciones generales.
El canciller chileno, Mariano Fernández, reveló hoy que los Gobiernos de la región se plantean la creación de una comisión de ex jefes de Estado, entre los que estaría el ex presidente de Chile Ricardo Lagos, con el fin de convencer tanto a Zelaya como a Micheletti de aceptar la propuesta presentada por Arias.
Los obispos de México también urgieron hoy a hallar una solución «de concordia y de paz» a la crisis política que vive Honduras, en una carta dirigida al arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga.
Según una misión internacional sobre derechos humanos que se encuentra en Honduras, la situación en ese país puede «explotar en cualquier momento, aunque hasta ahora los hondureños han sido muy pacíficos, a pesar de la represión militar».
En Tegucigalpa, los seguidores de Zelaya volvieron hoy a manifestarse y advirtieron que lo harán de manera «indefinida» hasta que el país vuelva a la situación anterior al 28 de junio.
«Nuestro mensaje a los empresarios, a los militares, a la clase política tradicional, a los mismos golpistas es que se convenzan de que hay que buscar una salida política, democrática y pacífica para el país, que ya no soporta tanta injusticia», señaló Rafael Alegría, miembro del Movimiento de Resistencia Popular.
Israel Salinas, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), subrayó que la resistencia «se mantiene firme en que Manuel Zelaya debe regresar al poder y en que el país necesita una nueva Constitución que sea para todos los hondureños, no solo para los ricos».
Los seguidores del depuesto presidente que están con él en Nicaragua aseguraron, por su parte, que van «romper el cerco» militar del lado hondureño, con «la resistencia del pueblo, pacíficamente».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy la muerte de Petro Mandiel, que fue encontrado muerto con señales de tortura en la frontera de Honduras, y pidió a las autoridades de facto que garanticen la vida de los hondureños y se investigue el asesinato.
En un artículo publicado hoy por The Wall Street Journal, Micheletti indicó que la deposición de Zelaya fue «un triunfo del Estado de derecho», porque «había violado las leyes y la Constitución».
El actual mandatario hondureño afirmó que se ha «distorsionado» lo ocurrido y pidió no ignorar «los hechos claves», como la unanimidad del Tribunal Supremo del país en declarar que Zelaya quería llevar a cabo «un referéndum inconstitucional».
Micheletti recordó que el artículo 239 del texto constitucional hondureño establece que «cualquier presidente que busque reformar la Constitución para ampliar su mandato queda automáticamente incapacitado en su cargo».
El político hondureño asegura que «el camino a seguir» ahora es trabajar con Arias, quien propone distintas maneras por las que «Zelaya cumpla con las leyes hondureñas y permita al pueblo de Honduras elegir un nuevo mandatario en las elecciones del próximo 29 de noviembre».
