Las recientes cancelaciones sorpresivas de los contratos de trabajo de Barney Berrocal y Juan Guillermo Castro, dos periodistas de planta de El Universal en Córdoba (Colombia), al igual que Abdías Pérez y Edgardo Támara, del mismo periódico en Sincelejo, ponen de presente una vez más la fragilidad del derecho a la información en que debe afincarse toda democracia.
Escribe en P-ES el reportero Jorge Otero Martínez, presidente de la Asociación Cordobesa de Periodistas de Colombia, que casi todos los medios de comunicación en Colombia están echando sus periodistas a la calle, invocando problemas derivados de la crisis económica, lo cual conlleva a que los dueños de los grandes informativos traten de cuidar, con mucho esmero, que la pauta publicitaria, tanto privada como oficial, haga nido en sus medios. Es decir, se sacrifica, en gran medida, la verdad noticiosa o la libre opinión, para preservar o mantener viables las ganancias de los socios.
En algunos periódicos ya empiezan a verse más empleados administrativos que hacedores de noticias. Imperan los publirreportajes o los artículos elogiosos a mandatarios pautantes, pagados en efectivo, usualmente por debajo de la mesa. No es conveniente, en ciertos medios, exacerbar el ánimo de los mandatarios y mucho menos de los políticos que los administran, señalando desaciertos o haciéndoles críticas a sus malos procederes. Recuerdo que una vez Juan Gossaín decía que a los mandatarios “no les gustan las críticas constructivas sino los elogios constructivos”.
Con ello, se busca esconder ciertas verdades que involucren a personajes siniestros del sector privado o gamonales que forman parte de la enmarañada red por donde trepan muchos mandatarios títeres. Dado lo anterior, se necesitan más publicistas que verdaderos periodistas para mantener un periódico en la época actual.
En el caso de El Universal Montería, esta sucursal hace casi tres años que no accede a la pauta publicitaria oficial, debido a sus posiciones netamente periodísticas y a la verticalidad de su información.
En cambio, la Gobernación destinó casi todo el presupuesto publicitario a su competencia local. Cerca de un 20 por ciento restante, lo destina a pagar a unos pocos periodistas amanuenses, cuya misión es defender la labor que cumple la Gobernadora y ocultar los yerros o desfases administrativos, cuando no irse lanza en ristre contra todo personaje o funcionario de todos los niveles, que ose criticar o señalar a su protegida. Son los escuderos de la Gobernadora. Y así creo que ocurre en otras latitudes…
Haciendo una analogía de esos veranos intensos, donde las charcas se secan inexorablemente con el sol canicular, los periodistas, en la crisis de hoy, parecen peces que se asfixian fuera del agua. Sobrevivirán los más astutos, los más adaptados al largo y oprobioso verano.
Las grandes agremiaciones periodísticas, como la Fecolper-FIP de Colombia, se encuentran haciendo sesudos y obligatorios análisis a fin de encontrarle salidas a este desmadre, que aumenta en caos cuando uno se pone a pensar en los miles de comunicadores sociales periodistas que cada año salen de las facultades con un cartón bajo el brazo, que en muchos casos sólo servirá para soplar algún fogón de chuzos o arepas callejeras.
En este oficio más del 75% no tienen seguridad social y mucho menos acceso a pensión. Son abundantes los casos en que los periodistas se mueren solos, olvidados de Dios y de los hombres y a veces toca hacer colecta para comprarles un cajón. No hay medios donde trabajar por un salario digno. Gana más el vendedor de plátanos en un puesto del mercado, un taxista, un vendedor de tintos o un paramilitar. Sin pensarlo, ni quererlo, los noveles periodistas se encuentran de pronto compitiendo en la informalidad, cuando consiguen –si tienen suerte- un espacio radial que en Montería se paga a precio de oro por la falta de competencia en las emisoras de AM.
En promedio los dueños de emisoras cobran hasta 850 mil pesos por media hora de programación, que a la larga sólo se reduce a escasos 25 minutos, si se tiene en cuenta el corte que hacen las emisoras, entre programas, para “su” pauta comercial, la cual, para colmo, compite con el ya degradado programador. En algún caso se le envía a la emisora “un paquete” por pago se “servicios” para que le dé su parte a los amanuenses que fungen como asesores “de presa”. De paso tienen que hablar bien u omitir algún señalamiento al senador dueño de la misma.
Una habilidosa carambola política a tres bandas
Resulta ser muy compleja la realidad de los informadores, programadores o periodistas ante tal situación. Por eso es frecuente ver a un enjambre de periodistas, teguas, “guacharacos” y dueños de “puedarios” correr tras los alcaldes, funcionarios y contratistas, cuando les llega el famoso situado fiscal de la Nación, para rebuscarse una cuña, una mención, un elogio que generalmente, y según la categoría del solicitante, no pasa de los 50 mil pesos.
Por eso a los colegas que vagan en la incertidumbre económica, con una familia que mantener, les vale un comino la cacareada ética y se lanzan a la rebatiña de una guerra del centavo, como cualquier chofer de bus urbano.
Nadie quisiera que el periodismo llegara a estos grados de abyección. Pero tampoco nadie, desde las altas esferas dirigentes, hace nada para evitarlo. No por los periodistas en sí, sino por la preservación de la moral pública.
