Poco a poco, la máquina se pone en marcha. El colectivo de inmigrantes – más de 5,5 millones en España, el 12% de la población-siente el peso de la crisis económica. 221.000 extranjeros han perdido su trabajo en España entre julio del 2008 (había 2.151.880 afiliados a la seguridad social) y junio del 2009 (1.929.937).
Desempleados desde hace casi un año, a punto de vencer sus subsidios de paro, muchos vuelven la vista a casa: piensan en Buenos Aires, La Paz o Casablanca. Algunos recurren al Estado, o a las asociaciones de inmigrantes. Preguntan y se apuntan a las listas de retorno. Otros se marchan por su cuenta y riesgo. No hay manera de contabilizar a estos últimos. El Ministerio de Trabajo e Inmigración carece de cifras.
«Hay un retorno silencioso, casi clandestino: es el caso de aquellos que regresan a sus países para, desde allí, mantenerse a la expectativa. Si las cosas cambian, volverán a España más adelante», dice Estrella Rodríguez, directora general de Integración de los Inmigrantes.
Los dos planes del Estado avanzan al ralentí. Sólo 5.458 inmigrantes se han marchado por estas vías en el 2009, según los últimos datos hechos públicos por el gobierno, que llegan hasta junio.
Creado en el 2003, el plan humanitario voluntario asiste a refugiados, desplazados, asilados o personas con dificultades para integrarse en España. En estos seis años, 8.500 inmigrantes se han acogido a él, «una cifra discreta, aunque se está disparando en los últimos meses», dice Rodríguez.
También existe el plan de retorno por desempleo: por esta vía, el inmigrante cobrará el subsidio de paro de un tirón, siempre que renuncie al permiso de residencia y trabajo y no vuelva a España en tres años.
En su presentación (noviembre del 2008), la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega vaticinaba que cerca de 100.000 inmigrantes se acogerían a este plan. Sin embargo, el proyecto cojea: siete meses más tarde, a principios de junio, apenas se habían presentado 5.088 solicitudes para abandonar España por esta vía – de las que 3.977 se han aceptado-.
Por encima de cualquier otro colectivo, son los inmigrantes latinoamericanos quienes más se acogen a los proyectos del ministerio: bolivianos (se marchan 240 cada mes), argentinos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, brasileños, uruguayos… También hay ciudadanos de Europa del Este, como rusos, ucranianos o rumanos, aunque los últimos han abandonado su condición de extracomunitarios.
El 1 de enero de este año, Inmigración levantaba la moratoria contra rumanos (hay 715.000 en España) y búlgaros (143.000). Significa que ya pueden vivir y trabajar en España como ciudadanos de la UE. Y que, en adelante, no podrán acogerse a los planes de retorno del Gobierno español. En cambio, magrebíes, subsaharianos o chinos apenas recurren a estas vías.
El 83% de los marroquíes (hay 729.000 en España) desconfía de los planes del Gobierno español. Según un informe de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España (Atime ), el plan es «un chantaje financiero y el anuncio de una amenaza, el recrudecimiento de las políticas migratorias». Así que prefieren regresar por su cuenta. Creen que, en el futuro, podrán reintegrarse en la sociedad española. Se reinstalan en Rabat o Casablanca, pero no pierden de vista Barcelona o Madrid.
En Marruecos, aguardan un cambio de tercio. «Simplemente cogen el coche, viajan hacia el sur, llegan a Algeciras y cruzan a Marruecos en el ferry», dice Kamal Ramuni, presidente de Atime. El paso fronterizo se encuentra particularmente masificado en las últimas semanas. «Siguen cobrando el paro, pero prefieren vivir en África.Con 700 euros al mes, están más desahogados».
«Los subsaharianos no se marchan. Su experiencia migratoria es complicada. La familia que se quedó en Guinea o Senegal cuenta con el dinero que el hijo, o el padre, les manda desde Europa. Les costó media vida llegar a España, y el valor de cada euro que manden a casa es decisivo. Estos inmigrantes no pueden irse así como así», dice Marisa Jarandilla, de Cruz Roja, organismo que colabora en los planes estatales de retorno. «Los chinos tampoco se van: en España son dueños de locales comerciales. No han capitalizado el paro, pero apenas tienen problemas para aguantar su posición. La crisis no les afecta».
Todas las fuentes subrayan que la crisis atormenta a los asalariados. Peones, agricultores, hosteleros o empleados del servicio doméstico han perdido sus trabajos. Sucede así desde hace casi un año, de modo que los subsidios de paro se están agotando. Sin recursos, endeudados y con hijos a cuestas, se vuelven hacia sus países de origen.
Como el viaje es largo y caro, el Gobierno intenta facilitarles las cosas. Les paga el vuelo, los medicamentos y cualquier otro imprevisto, aparte de cincuenta euros por persona (hasta un máximo de 400 euros). En el caso del retorno humanitario, se añade una ayuda de 400 euros por persona (hasta 1.600) para la puesta en marcha de un negocio.
Cualquiera de estos planes está en permanente evolución. En el caso del retorno humanitario, el número de personas que se acogen a él tiende a aumentar: se marcharon 604 en el 2003, 1.184 en el 2007 y 1.821 el año pasado. En este 2009, la cifra ha vuelto a incrementarse. En los primeros seis meses, ya se ha llegado a los 1.481 retornos.
«Y hay 3.000 personas en lista de espera – dice Estrella Rodríguez-. Son personas que han fracasado en su proyecto migratorio, o que se hallan irregulares en España, o en el paro, o aquellas cuyas circunstancias personales les hacen volver a su país de origen. El problema es que hemos agotado el presupuesto de cinco millones de euros para el 2009. En unos días, el presupuesto se ampliará. Y muchos de los que esperan podrán irse».
También progresa el plan por desempleo, aunque muy al ralentí. Había cincuenta solicitantes en enero. En marzo, ya eran quinientos. En mayo, 1.093. En total, hay 5.088 peticiones. Sin embargo, el plan no se acerca a las previsiones del Gobierno, que hablaba de 100.000 hipotéticos retornos. En parte, porque sus requisitos son estrictos: sólo pueden acogerse los ciudadanos de los países que firmaron un convenio bilateral (veinte países), «y hay que haber cotizado mucho tiempo para cobrar un buen dinero», opina Raúl Jiménez, de la asociación ecuatoriana Rumiñahui.
