La deriva autoritaria de Hugo Chávez es alarmante. Si algo deja claro la experiencia venezolana es que celebrar elecciones, y ganarlas, no basta ni mucho menos para garantizar un sistema democrático, sobre todo cuando se carece, como es el caso, de mecanismos compensatorios y las instituciones del Estado están al servicio del poder.
Subraya el diario El País en su editorial que uno de los pocos argumentos que le quedaban a Chávez contra quienes le acusan de autócrata es que en Venezuela no hay censura directa que impida las críticas a su acción política.
Verdad a medias, puesto que si por un lado su Gobierno ha construido en los últimos años un imperio mediático adicto, por otro reprime implacablemente la información adversa.
Como muestra, el forzado cierre, en 2007, de Radio Caracas, el cerco contra otras muchas pequeñas emisoras y la ofensiva contra Globovisión, la última cadena nacional crítica con el chavismo.
Todo ello resulta insuficiente para acabar de derribar el Estado burgués y crear el del proletariado, en palabras del caudillo bolivariano. Chávez, que controla cada palanca del poder, se considera una víctima de los medios. Por eso su fiscal general acaba de presentar al Parlamento un proyecto de ley que permitirá encarcelar a quienes divulguen informaciones que, por ejemplo, «puedan atentar contra la estabilidad de las instituciones del Estado», «la salud mental o la moral pública», o que «generen sensación de impunidad o inseguridad» entre la población.
El nuevo catecismo contra los delitos mediáticos es considerado por periodistas y editores un texto «brutal», susceptible de criminalizar cualquier opinión.
El proyecto no precisa quién calibrará qué noticias son «falsas» o cuáles «manipuladas» o «interesadas», cuya divulgación puede acarrear hasta cuatro años entre rejas.
Para el Ministerio de Información, actual guardián de la verdad, es falso que la inseguridad ciudadana aumente o que lo hagan el narcotráfico o el desabastecimiento alimentario, noticias todas avaladas internacionalmente y aireadas por los pocos medios venezolanos que se atreven. O que se hayan entregado a las terroristas FARC, en Colombia, lanzacohetes suecos vendidos a Venezuela, hecho denunciado por Bogotá y por el que Estocolmo ha pedido explicaciones a Caracas.
Un incidente éste por el que Chávez ha vuelto a romper con Uribe y amenaza al país vecino con represalias. Aun con elecciones, Chávez está cada vez más cerca de la dictadura.
