El gobierno de Gorila Chávez reta ahora a las 34 radios que ha cerrado a demostrar su «legalidad»

El gobierno venezolano ha retado a las 34 emisoras de radio afectadas según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a que demuestren que no estaban emitiendo ilegalmente. Si la semana pasada Chávez cesaba el derecho de emisión de 12 emisoras de las 34 señaladas, ahora es cuando pueden demostrar su legalidad, después de haber sido cerradas.

Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas y Vivienda en el gobierno venezolano, ha hecho pública a través de la prensa su intención de retar a los dueños de las emisoras a «que presenten un documento donde Conatel les haya autorizado a emitir por radio».

Cabello se refirió también al hecho de que algunas emisoras afectadas han seguido transmitiendo su programación a través de internet, y dijo que podías seguir haciendo esto, ya que no utilizaban la frecuencia estatal.

La decisión de Cabello se daba frente a la sede de Conatel, frente a cientos de simpatizantes del gobierno que acudieron a respaldar la decisón oficial.

«No estamos revocando concesiones, estamos aplicando la ley. Es una acción de justicia frente a personas que durante décadas han utilizado ilegalmente esos medios. Nadie ha presentado un argumento legal en contra de la medida, todos se han ido por las ramas hablando de la libertad de expresión», dijo Cabello.

Las 34 emisoras que salieron del aire formaban parte de un grupo de 240 que ignoró una citación de Conatel para actualizar sus datos y revisar el estado de su concesión, y quedaron, según el organismo, fuera de la legalidad.

Conatel ya explicó que las emisoras se encontraban en una situación ilegal debido a que el titular de las concesiones había fallecido y este documento es personal e intransferible.

Cabello, junto al propio presidente Hugo Chávez, han enmarcado esta política en su intención de combatir el «latifundismo mediático» y promover su «domocratización».

Sin embargo, la oposición ha rechazado ese enfoque y afirma que se trata de una política destinada a «acallar las voces disidentes y las críticas a Chávez».

Los principales partidos políticos opositores así como los organismos empresariales y la jerarquía de la iglesia católica se han manifestado contra las acciones de Conatel, calificándolas de «despóticas, arbitrarias, anticonstitucionales y autoritarias», entre otros términos.

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