Las escuchas ilegales, escollo al trabajo periodístico en Colombia

Las escuchas ilegales desde los servicios de inteligencia oficiales fueron la «principal obstrucción» al trabajo periodístico en Colombia durante el primer semestre del año, periodo en el cual murió un periodista, tal y como ha informado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Esta ONG que aboga por la defensa de la libertad de expresión divulgó un informe según el cual «el número de obstrucciones al trabajo periodístico pasó de siete casos en el primer semestre de 2008 a 28 en lo que va del 2009».

Como señala el informe, la razón de este aumento «fue la revelación de las actividades de espionaje ilegal y hostigamientos contra periodistas, magistrados y políticos opositores al Gobierno que desde hace años adelantaba el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad adscrita a la Presidencia de la República».

Toda una «obstrucción e intimidación» contra algunos periodistas que «fue, sin duda, el hecho más grave que se registró durante este semestre», subraya la organización.

Los casos registrados por la FLIP entre enero y junio de 2009 sumaron un total de 90 violaciones a la libertad de prensa, que dejaron 138 víctimas. Cifras que «denotan un aumento con relación al mismo periodo en 2008, cuando se registraron 63 violaciones», con 74 afectados, añadió el informe.

En el mismo período se produjo el asesinato del periodista José Everardo Aguilar, en el municipio de Patía, en el departamento del Cauca (suroeste). El homicidio de Aguilar, corresponsal de Radio Súper en ese municipio, fue el primer caso de homicidio por razones de oficio que registra la FLIP en Colombia en 20 meses. Para el reporte, fue asesinado «a raíz de las constantes denuncias de corrupción que venía haciendo desde hacía varios meses» en esa localidad.

Además, en el primer semestre se registraron también 41 amenazas, «de las cuales 25 al parecer estuvieron motivadas por informaciones que los comunicadores habían publicado sobre conflicto armado o corrupción».

En total, dos temas periodísticos que «generan un mayor número de intimidaciones a la prensa en Colombia, como dan cuenta los informes de la FLIP año tras año», recuerda la organización.

Por si fuera poco, la ONG expresa su preocupación por el «aumento de los casos en que los autores de estas violaciones son funcionarios públicos o miembros de la fuerza pública, incluso por encima de los grupos armados ilegales». Incluso incide en que «en la mayoría de los casos no se ha logrado determinar la identidad del agresor, por lo tanto el primer lugar lo sigue ocupando el autor desconocido, con 29 casos».

Tras ellos, los funcionarios públicos, con 26; la fuerza pública, con 14; los particulares, con 9; los paramilitares, con 8; la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con 2, y los narcotraficantes, con la misma cifra.

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