La crisis económica incide en la visión de la inmigración. Aunque la opinión mayoritaria de los ciudadanos vascos sobre la llegada de inmigrantes es positiva, en el último año ha descendido cinco puntos el porcentaje que estima que es bueno que la sociedad esté formada por diferentes culturas y religiones (50%), y ha aumentado en la misma proporción el peso del grupo que considera que los inmigrantes se benefician excesivamente del sistema de protección social (68%), según los datos del Barómetro Ikuspegi 2009.
Aún ha crecido más (6,5%), quienes consideran que los inmigrantes perjudican la seguridad, que ya suponen más de la mitad de la población.
La percepción de los encuestados sobre la presencia de inmigrantes no se ajusta a la realidad. El estudio revela que a pesar de que el porcentaje de inmigrantes empadronados es del 6,9%, los ciudadanos estiman que la población extranjera supera el 17%.
Informados sobre el dato real de inmigrantes empadronados, seis de cada diez vascos consideran que el número de extranjeros que viven en el País Vasco es «demasiado o bastante», cifras similares a las obtenidas en 2008. Sólo el 2,7% de la población encuestada menciona la inmigración como el primer problema de Euskadi y menos del 13% como uno de los tres problemas más importantes, un porcentaje superior al registrado el año pasado, pero inferior al de 2007.
Cerca de la mitad de los encuestados admite que los inmigrantes permiten que la economía funcione mejor, si bien este porcentaje se ha reducido respecto al año anterior. No obstante, siete de cada 10 opinan que su llegada perjudica más a los sectores más vulnerables, grupo que ha crecido un 10% respecto a 2008.
En relación a las políticas sobre inmigración, sólo uno de cada diez vascos es favorable a no poner obstáculos a la entrada de inmigrantes, frente a un 83% que condiciona su llegada a la posesión de un contrato de trabajo.
En cuanto al acceso a servicios y derechos, también se registran descensos respecto a la encuesta anterior. El 66% de los ciudadanos es partidario de que toda la población extranjera tenga acceso a la asistencia sanitaria (-4,5%) y el 60% de que lo tenga a la educación de sus hijos (-5,2%).
El porcentaje de partidarios a que los inmigrantes tengan derecho al voto desciende hasta el 17%, similar a quienes apoyan que puedan acceder a viviendas de protección oficial.