Hace casi un año, el 31 de enero de 2023, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró lo que él denominó la prisión «más grande de América«, destinada a albergar a aproximadamente 40,000 presuntos pandilleros como parte de su estrategia contra las pandillas en el país centroamericano.
La megacárcel se construyó en una zona rural y aislada, a unos 74 km al sureste de San Salvador, abarcando 166 hectáreas de terreno, con una construcción que incluye una decena de pabellones ocupando hasta 23 hectáreas.
Denominada oficialmente «Centro de Confinamiento del Terrorismo«, la prisión de Bukele cuenta con un muro perimetral de 2.1 kilómetros y 11 metros de altura, vigilado constantemente por 600 soldados y 250 policías. Además, dispone de sistemas de cámaras de vigilancia y escáner para la revisión de los ingresos y salidas.
Según Bukele, esta prisión requerirá que los reclusos trabajen para ganarse su comida en lugar de recibir privilegios, evitando así la extensión de redes criminales. También, se llevarán a cabo los procesos judiciales dentro de las instalaciones para evitar traslados y posibles fugas.
El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado internacionalmente el modelo de seguridad ciudadana de Bukele, refiriéndose a la mega cárcel como un «campo de concentración» para jóvenes. Bukele, a su vez, ha respondido destacando los resultados y deseando éxito a Colombia en la reducción de homicidios.
En contraste, la presidenta izquierdista de Honduras, Xiomara Castro, ha adoptado el «modelo Bukele» para enfrentar el problema de pandillas en su país, implementando un Estado de excepción similar al de El Salvador desde diciembre de 2022.
En Ecuador, el nuevo Gobierno liderado por Daniel Noboa busca abordar la seguridad ciudadana, considerando opciones como convertir barcos en prisiones en el mar.
También tiene planes de construir dos cárceles de máxima seguridad en la Amazonía y la costa del Pacífico, separando a los reclusos más peligrosos para evitar masacres carcelarias.
Además, se plantea la expulsión de unos 1,500 reclusos extranjeros, en su mayoría de Colombia, Perú y Venezuela, como medida para reducir la población carcelaria.
