La detención ha sido confirmada por familiares y organizaciones de derechos humanos, quienes aún desconocen su paradero, lo que suscita temores de una nueva desaparición forzada, un crimen documentado en Venezuela por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Misión Independiente de Determinación de Hechos.
Durante este año, el gobierno venezolano ha realizado numerosas detenciones y persecuciones tanto a militares como a civiles, incluyendo personas relacionadas con la candidata opositora María Corina Machado. El fiscal Tarek William Saab, aliado de Nicolás Maduro, ha denunciado presuntas conspiraciones para asesinar al mandatario, las cuales habrían sido desbaratadas por los servicios de inteligencia. Se sugiere que la detención de San Miguel podría estar vinculada con uno de estos casos, conocido como Brazalete Blanco.
Corte Interamericana solicita al Estado venezolano cumpla la sentencia en el caso “Lista Tascón” y da plazo al gobierno hasta el 6 de mayo 2024 para que presente informe de cumplimiento
Se trata del caso San Miguel Sosa y otros Vs. Venezuela
Escuchamos al presidente de la…
— Rocío San Miguel (@rociosanmiguel) February 1, 2024
Maduro y su reino del terror
En enero, el Ministerio Público anunció órdenes de arresto contra periodistas y defensores de derechos humanos, en el marco de investigaciones sobre estas supuestas conspiraciones, aún sin presentar pruebas. Recientemente se hicieron públicas órdenes de captura contra la periodista Sebastiana Barráez y la activista Tamara Suju, ambas viviendo fuera de Venezuela.
San Miguel, ciudadana venezolana y española, es directora de la ONG Control Ciudadano, que monitorea la situación de la Fuerza Armada en Venezuela desde hace casi dos décadas. Además, ha sido víctima de persecución y discriminación desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez. Trabajaba en el Consejo Nacional de Fronteras en 2004 y fue despedida por apoyar un referéndum revocatorio contra Chávez, a partir de la llamada Lista Tascón, usada para identificar lealtades dentro del Estado.
Llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2012 emitió medidas cautelares para ella y su hija debido al hostigamiento por su trabajo en Control Ciudadano, como la denuncia de militares activos inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Aunque obtuvo una sentencia favorable en 2018, Venezuela no la ha cumplido, y la CIDH ha dado plazo hasta el 6 de mayo de 2024 para presentar un informe de cumplimiento.
La nueva detención resalta el autoritarismo en Venezuela. El gobierno de Maduro está reduciendo el espacio cívico, especialmente después de los acuerdos de Barbados entre la oposición y el chavismo, que hicieron compromisos sobre garantías democráticas para las elecciones presidenciales de 2024. Además, se debate en la Asamblea Nacional una ley para restringir las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
Amnistía Internacional y organizaciones locales han exigido al Estado información sobre el paradero de San Miguel. Sin embargo, los tres coordinadores de Vente Venezuela detenidos recientemente también están desaparecidos, ya que su defensa no ha obtenido información sobre su ubicación ni su estado desde hace más de 15 días.
