Esta acción se llevó a cabo bajo la acusación de estar involucrado en planes violentos relacionados con las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio.
Además de Alviárez, la policía también arrestó a la exdiputada Dignora Hernández, quien también es miembro de VV, por su presunta participación en «acciones violentas» destinadas a «forzar» la inscripción de la candidatura de Machado. Aunque Machado fue seleccionada como candidata en las primarias de la principal coalición opositora, su participación en las elecciones está impedida debido a una sanción impuesta por la Contraloría.
Estados Unidos condenó estas detenciones a través del encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, quien las calificó de «inconsistentes» con los acuerdos electorales. Nichols expresó su rechazo a las «detenciones arbitrarias y órdenes de arresto» contra miembros de la oposición democrática en Venezuela.
Nichols destacó que estas acciones de represión contra la sociedad civil y los actores políticos por parte del gobierno de Maduro son contrarias a los compromisos del Acuerdo de Barbados. Sin embargo, afirmó que tales medidas no podrán sofocar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Finalmente, instó a la liberación inmediata de las personas detenidas injustamente.
