Es la primera vez que la Fiscalía presenta cargos contra Uribe que son aceptados por una magistrada en Bogotá, quien determinó que a partir de este momento el ex presidente «adquiere la condición de acusado».
La defensa de Uribe había solicitado la nulidad del proceso, algo que Heredia rechazó por considerarlo «absolutamente improcedente».
Simultáneamente, la jueza aceptó como víctimas del caso al senador de izquierda Iván Cepeda y a los ex fiscales generales Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre, así como a Deyanira Gómez, ex esposa del paramilitar Juan Guillermo Monsalve.
El abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba, celebró la resolución, asegurando que «son decisiones que reconocen no solamente la condición de las víctimas sino la necesidad de que las víctimas tengan acceso a la justicia».
El fiscal encargado del caso, Gilberto Villarreal, acusó a Uribe de ser el «determinador del concurso homogéneo sucesivo de tres delitos de soborno en actuación penal».
Villarreal explicó que esto implica que Uribe, «para su propio beneficio o el de un tercero, entregó o prometió una utilidad a una persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstuviera de declarar o para que faltara a la verdad total o parcialmente».
Además, lo acusó de «concurso homogéneo sucesivo de dos delitos de fraude procesal», es decir, que «por cualquier medio fraudulento indujo en error a un servidor público para obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley». También lo acusó de «determinador del delito de soborno» por ofrecer «dinero u otra utilidad a un testigo para que faltara a la verdad o callara total o parcialmente en su testimonio».
En 2020, Uribe ya había sido privado de su libertad, acusado de fraude procesal y soborno, convirtiéndose en el primer expresidente de Colombia en enfrentar tal sanción.
El caso se originó en septiembre de 2014, durante un debate en el Congreso, cuando el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes, presentando varios testimonios de antiguos paramilitares.
Uribe respondió a la acusación con una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que Cepeda había buscado falsos testigos en prisiones colombianas.
La Corte Suprema investigó el caso durante varios años, tomando declaraciones de Uribe, Cepeda y los testigos involucrados. En 2018, la Corte desechó las acusaciones contra Cepeda y abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, implicando soborno y fraude procesal.
Dos años después, el ex presidente renunció a su escaño de senador para dejar el fuero y que su caso pasara a la justicia ordinaria. La Fiscalía en ese momento decidió no perseguirlo judicialmente por falta de pruebas.
Sin embargo, la situación cambió este año cuando Gilberto Villarreal asumió el caso el 16 de enero. El 9 de abril, el fiscal afirmó que había motivos para acusar a Uribe basándose en evidencias y elementos probatorios.
