El general boliviano Juan José Zúñiga y otros dos altos mandos militares han sido recluidos este sábado en una cárcel de máxima seguridad por su presunta implicación en el intento fallido de golpe de Estado contra el presidente Luis Arce.
Zúñiga, ex comandante del ejército; el vicealmirante Juan Arnez, ex jefe de la Armada; y Alejandro Irahola, ex jefe de la brigada mecanizada del ejército, fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad al penal de Chonchocoro, situado en las afueras de El Alto, cercano a La Paz.
Este traslado, decisión judicial tomada el viernes de encarcelarlos mientras se desarrollan las investigaciones sobre el alzamiento armado del pasado miércoles, cuando tropas con tanques cercaron la sede de gobierno durante varias horas antes de retirarse.
Zúñiga y los otros dos oficiales enfrentan cargos de terrorismo y alzamiento armado, delitos que podrían conllevar penas de hasta 20 años de prisión, según ha informado la fiscalía.
Junto a ellos, otros 18 militares activos, retirados y civiles han sido detenidos en relación con el fallido golpe de Estado. Este sábado, el gobierno afirmó haber encontrado pruebas que detallan el plan de los militares para movilizar en avión fuerzas especiales desde el departamento de Tarija hasta La Paz, con el objetivo de derrocar a Arce.
«Hemos encontrado un radiograma que instruía que el avión del Ministerio de Gobierno fuera trasladado a Tarija para traer los grupos satinadores,» declaró el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a la prensa.
Desde el inicio, el general Zúñiga ha sido señalado como el principal conspirador contra el presidente Arce, quien asumió el cargo en 2020 para un mandato de cinco años. Zúñiga fue detenido el miércoles, poco después de que las tropas y vehículos blindados se retiraran de la sede de gobierno, evitando enfrentamientos con las fuerzas leales al presidente.
Durante el alzamiento, 14 civiles resultaron heridos por balines disparados por los soldados cuando entraron a la plaza frente al palacio presidencial, en el centro de La Paz, según datos del gobierno.
La detención de estos altos mandos militares y la presentación de pruebas sobre su conspiración representan un paso crucial en la gestión de la crisis política en Bolivia. La reacción del gobierno ante este intento de golpe subraya la gravedad de la situación y la determinación de las autoridades de mantener el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país.
