Con ocho votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, este proyecto, impulsado por los legisladores Juan Burgos y Alejandro Muñante, ya ha sido apodado como la «Ley Bukele» en las redes sociales.
Este proyecto busca modificar varios artículos del Código Penal y del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, estableciendo que los jóvenes que cometan delitos graves como parricidio, homicidio calificado, feminicidio, lesiones graves, secuestro, trata de personas, violación sexual, robo agravado, extorsión y tráfico ilícito de drogas enfrenten penas de entre cuatro y seis años de cárcel.
Alejandro Muñante, vicepresidente de la comisión y miembro de Renovación Popular, ha explicado que la intención es que estos adolescentes sean juzgados como adultos, pero con el beneficio de la «responsabilidad restringida». Esto significa que los jueces tendrán en cuenta la edad de los delincuentes al dictar sentencia, resultando en penas atenuadas.
La propuesta sugiere que se apliquen las penas del Código Penal ajustadas por la responsabilidad restringida. Por ejemplo, si un delito tiene una pena de 10 a 20 años, bajo esta nueva ley, la pena para los adolescentes comenzaría en el mínimo, entre 10 y 11 años, aumentando según el caso. Sin embargo, esta responsabilidad restringida no se aplicaría a aquellos que cometan delitos de forma reiterada, ya que serían considerados como criminales reincidentes.
Actualmente, los adolescentes que cometen estos delitos son tratados como infractores de la ley y enviados a centros de reclusión juvenil como Maranguita, donde cumplen un máximo de seis años. Con esta reforma, se prevé que los jóvenes enfrenten penas más largas en penales, aunque se evitaría que se mezclen con los presos adultos, con el fin de facilitar su rehabilitación.
Este proyecto ha suscitado un intenso debate sobre la justicia penal juvenil y la eficacia de las penas más severas para menores de edad.
¿Es esta la solución adecuada para reducir la delincuencia juvenil, o simplemente se está castigando a jóvenes que podrían ser rehabilitados con un enfoque más compasivo y centrado en la reintegración? La «Ley Bukele» plantea importantes cuestiones sobre cómo balancear la necesidad de castigo y rehabilitación en el sistema de justicia para adolescentes.
Muñante confía en que la propuesta será aprobada en el Pleno, posiblemente en agosto. Sin embargo, es crucial que se considere el impacto a largo plazo de tratar a jóvenes de 16 y 17 años como adultos en el sistema penal. La sociedad debe preguntarse si endurecer las penas es el camino correcto, o si debemos buscar soluciones que aborden las causas subyacentes de la delincuencia juvenil, ofreciendo a estos jóvenes una verdadera oportunidad de cambio y reintegración.
