La realidad dista mucho de este ideal democrático, especialmente para los venezolanos que han emigrado debido a la crisis política, social y económica que azota al país.
Uno de los aspectos más preocupantes es la situación de los venezolanos en el exterior. Según datos de la ONU, alrededor de ocho millones de venezolanos han emigrado. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro reduce esta cifra a dos millones, en un intento por minimizar la magnitud del éxodo.
De estos millones de emigrados, aproximadamente cinco millones son mayores de edad y deberían tener el derecho a votar. Lamentablemente, sólo 69.211 venezolanos en el exterior están habilitados para sufragar, una cifra ínfima comparada con las anteriores elecciones, donde fueron 110.000.
La coordinadora internacional de Voluntad Popular, Estefanía Parra Anselmi, denuncia que este escaso número de habilitados es consecuencia directa de los numerosos obstáculos impuestos por el gobierno para el registro electoral en el extranjero. Estos requisitos burocráticos, como la necesidad de tener un pasaporte vigente, son prácticamente inalcanzables para muchos emigrados que se encuentran en situaciones precarias.
Colombia, que ha acogido a cerca de tres millones de venezolanos, es un claro ejemplo de la injusticia electoral. A pesar de ser el país con mayor número de refugiados y migrantes venezolanos, la mayoría de ellos no podrá votar. Las dificultades para inscribirse, sumadas al alto costo de los documentos necesarios, han dejado a millones sin voz en unas elecciones cruciales para el futuro de su nación.
España, el país europeo con más venezolanos, enfrenta una situación similar. Líderes opositores como Dinorah Figuera y Leopoldo López han trabajado arduamente en favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia, con la esperanza de derrotar a Maduro. Sin embargo, temen que el régimen manipule los resultados, por lo que han solicitado a los gobiernos europeos que tomen medidas para evitar el fraude.
La situación en Brasil también es desalentadora. Con solo dos consulados operativos para un número creciente de venezolanos, muchos se verán impedidos de ejercer su derecho al voto. Esta falta de infraestructura adecuada, sumada a los cierres de consulados durante el gobierno de Jair Bolsonaro, refleja una vez más el abandono de los derechos democráticos de los venezolanos en el exterior.
Perú, donde residen cerca de 1,5 millones de venezolanos, presenta uno de los panoramas más trágicos. Apenas 589 venezolanos están habilitados para votar, a pesar de que unos 900.000 tienen edad para hacerlo. Los obstáculos impuestos, como la exigencia de residencia permanente y pasaporte vigente, han dejado a la mayoría sin posibilidad de participar en el proceso electoral.
En Argentina, la situación no es mucho mejor. Con cerca de 250.000 residentes venezolanos, solo 2.638 podrán votar. A pesar de estos números desalentadores, activistas como Elisa Trotta destacan el simbolismo especial de este voto, una manifestación clara del deseo de cambio político entre los emigrados.
En resumen, la democracia venezolana se encuentra en una encrucijada. Los millones de venezolanos en el exterior, que huyeron buscando mejores horizontes, se enfrentan ahora a la imposibilidad de participar en las elecciones de su país. Esta exclusión no solo es una violación de sus derechos democráticos, sino también un reflejo del deterioro institucional que vive Venezuela. La comunidad internacional debe tomar nota y actuar en consecuencia, garantizando que todos los venezolanos puedan ejercer su derecho al voto sin trabas ni manipulaciones.
