La secretaria de Estado de Inmigración, Ana Terrón, ha explicado que está preparando un acuerdo con el Instituto Cervantes que permita a los inmigrantes que trabajan en España acreditar oficialmente su nivel y conocimiento del castellano.
En una entrevista con Europa Press, Terrón explicó que «sería muy positivo que además de aprender la lengua del lugar de acogida, para el curriculum personal y profesional de las personas que están aquí pudiera documentarse».
El público objetivo al que iría destinado este acuerdo serían los inmigrantes de países no hispano hablantes que han aprendido el castellano una vez estando en España gracias a los proyectos de integración de entidades sociales o instituciones públicas, como las ONG o los ayuntamientos.
En opinión de la secretaria de Estado, una de las lecciones aprendidas de los países con más tradición de inmigración es «la importancia de aprender la lengua» que en el caso de España sería, además del castellano, la lengua cooficial que se hablase en la región en que se afincara el extranjero.
«Me parece básico que los chicos que residen en una comunidad en la que hay dos lenguas oficiales puedan acceder al conocimiento pleno de las dos», señaló Terrón, en referencia a conseguir una mejor integración sociolaboral tanto de los inmigrantes como de las segundas generaciones.
Según dijo, «si la integración pudiera hacerse por ley, ya estaría hecha». No obstante –prosiguió– «hay una serie de medidas que hemos identificado y que tienen que ver con la formación, la inserción laboral, la adquisición de capacidades por parte de los inmigrantes en materia linguística, que creo que tenemos que desarrollar, en algún caso, en colaboración con otros ministerios».
En este sentido, expresó su deseo de encontrar la manera de «facilitar que aquellas chicas y chicos» de las segundas generaciones, «muchos de los cuales ya son españoles, que han pasado el Bachillerato en nuestro país, tengan el acceso a la Universidad en número igual que los españoles de origen» porque «es el momento de empezarse a fijar en ese tipo de cosas».
Sobre las posibilidades de las comunidades autónomas para afrontar este tipo de iniciativas relacionadas con la educación y la integración tras el recorte presupuestario en el Fondo específico creado por el Gobierno para apoyar estas políticas, Terrón pidió «un esfuerzo para poner inteligencia, eficacia y prioridades en el gasto público».
«No voy a decir que ni las comunidades autónomas ni nosotros, ni los ayuntamientos contemos con la financiación suficiente para todo lo que nos gustaría hacer, pero sí que las comunidades autónomas cuentan con más recursos y con recursos ajustados a la población, para hacer frente a sus propias competencias», aseguró.
