YPF emprenderá las medidas legales oportunas para garantizar la defensa de sus derechos, después de que las provincias de Salta y Mendoza hayan decidido revocar sus licencias en de explotación de hidrocarburos, anuncia la compañía en un comunicado.
En la madrugada de este 26 de marzo de 2012, el Gobierno de la provincia argentina de Salta confirmaba la revocación de una licencia otorgada a YPF, controlada por la española Repsol, para operar en un área de ese distrito del norte del país.
«Se aceptó la reversión del área Tartagal Oeste en cabeza de YPF, que estaba sin producción y se avanzó en el llamado a licitación de áreas libres. Una de éstas es Tartagal Oeste», sostuvo el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en declaraciones a la estatal agencia Télam.
El gobernador provincial explicó que «se animó a todas las empresas (que operan en la provincia) para que presenten un plan de inversión con un aumento del 15% en la explotación y exploración».
«En ese marco se ha dicho a aquellas empresas que no puedan invertir, que tengan la voluntad de aceptar cesiones de áreas a otros interesados en condiciones de hacerlo», indicó Urtubey.
Compromiso de inversión
Este revés llega dos días después de que la provincia de Mendoza retirase la licencia en dos áreas operadas por YPF.
A este respecto, la compañía aseguró haber presentado «en tiempo y forma su descargo y un plan de inversiones» para las dos áreas operadas en Mendonza, que son las de Ceferino y Cerro Mollar, por lo que adoptará medidas legales para defender su posición.
En la fórmula de descargo presentada, señala YPF, se aprecia que la empresa cumplió con las pautas de inversión establecidas en la legislación argentina para la producción en la provincia, ya que «realizó las inversiones necesarias para una explotación racional y adecuada de los yacimientos».
En Mendoza, indica, se ha producido un «crecimiento ininterrumpido» de inversiones desde 2007, que superó los 600 millones de dólares (unos 460 millones de euros) en 2011 y que, tras la extensión de las concesiones acordada con el propio gobierno provincial, contempla otros 3.500 millones de dólares (2.671 millones de euros) hasta el final de la concesión.
Esta retirada de licencias se suma a las revocaciones ya anunciadas por parte de las provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz, y supone un agravamiento de la relación entre YPF y las autoridades argentinas.
Las revocaciones anunciadas por las cuatro provincias argentinas apenas supondrían, en caso de concretarse, una merma del 3% de la producción total de la filial de Repsol, que supone el 34% del EBITDA de la compañía, según la propia petrolera.
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