Gran parte de los afectados por los desalojos son inmigrantes que se han quedado sin trabajo en el sector de la construcción
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Vicente Torres nunca se había imaginado que a sus 73 años vería, convaleciente desde la cama de su habitación, cómo se evitaba que le quitaran su piso de 49 metros cuadrados en el madrileño barrio de Carabanchel, en un ejemplo de las consecuencias más brutales de la crisis económica que sufre España.
Tapicero jubilado, Vicente fue operado del corazón hace dos meses y tiene la movilidad muy reducida, por lo que vive con su nieto Jonathan, de 24 años, que cuida de él aunque no tiene trabajo ni cobra prestación por desempleo. Sobreviven con los 600 euros de la pensión del abuelo.
Vicente se enfrenta a perder definitivamente la vivienda en la que vive hace unos 50 años tras haberla puesto como aval para una hipoteca de su hijo, que ya perdió su casa.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) logró el miércoles postergar su desahucio, uno de los 200 que se producen a diario en España, aunque la comisión judicial puso una nueva fecha: el 3 de mayo.
«Hemos ganado algo de tiempo, esperemos poder detener la ejecución (hipotecaria)», dijo Rafael Mayoral, abogado de la PAH, que esgrimió motivos humanitarios ante la comisión judicial encargada de certificar el desalojo con la ayuda de la fuerza pública.
Un 43% de los parados ya no reciben ayudas
Aunque Mayoral presentó ante los funcionarios de la comisión documentación médica que certifica el estado de salud de Vicente, las funcionarias y el procurador suspendieron la ejecución debido a que, según su parecer, no había suficientes efectivos policiales para hacerlo.
El caso de Vicente y Jonathan es cada vez más habitual en un país con 5,3 millones de parados y en el cual la tasa de cobertura para desempleados se sitúa en el 57%, lo que significa que un 43% de ellos no reciben ayuda alguna.
En este caso, la entidad ejecutante es Citifin, filial de Citigroup, y la PAH solicita, al igual que en todos los desahucios, que al menos se les conceda el alquiler social.
Mayoral dice haberse puesto en contacto con Citifin, y que «no han atendido a las razones humanitarias».
Contactado por Reuters, Citigroup no ha querido hacer comentarios.
«Creemos que la sociedad civil tiene medios suficientes para convencer a las entidades financieras para que cedan(…) y creemos que las autoridades judiciales deberían tutelar los derechos de los deudores en los procedimientos de ejecución hipotecaria para que no se vean en indefensión«, señaló Mayoral.
¿Ley hipotecaria versus derechos humanos?
El fenómeno de los desahucios plantea una disyuntiva entre el cumplimiento de la ley hipotecaria española, por un lado, y de los derechos humanos y la Constitución española, por otro.
La Carta Magna garantiza que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos establecerán normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho.
En España, a diferencia de otros países, la entrega de la vivienda no es generalmente suficiente para saldar la deuda hipotecaria adquirida con el banco, pese a que el Gobierno aprobó, a comienzos de marzo, un «código de buenas prácticas» bancarias para que los ciudadanos en riesgo de exclusión social que no puedan seguir pagando sus hipotecas salden la deuda con la devolución del inmueble.
Casi la totalidad de las entidades financieras españolas se han adherido voluntariamente a este código -lo que, en ese caso, lo convierte en vinculante-, pero sus críticos señalan que la norma establece requisitos prácticamente imposibles de cumplir.
Desde la PAH se hace hincapié en que el sistema judicial español debe hacer más esfuerzos para proteger a los ciudadanos deudores con menores posibilidades económicas frente a los recursos jurídicos de la banca.
«Los tribunales tienen la obligación de tutelar los derechos de todas las personas que tienen un procedimiento judicial, y además, cuando está en peligro la vida o la integridad física de una persona, lógicamente está por encima de cualquier diligencia judicial que se quiera ejecutar».
Los desalojos se han disparado en España después de que el país sufriera un duro golpe por la paralización del mercado inmobiliario y de la construcción que dejó a millones de personas sin trabajo.
Regular la dación en pago
Para paliar el problema, sindicatos y otras asociaciones presentarán una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular la dación en pago, de manera que, en casos de residencia habitual y deudores de buena fe, si el banco se queda la vivienda, la deuda quede liquidada, como en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos.
Para que se admita a trámite deben lograr 500.000 firmas, y posteriormente el Congreso de los Diputados debe debatir la propuesta y, eventualmente, aprobarla. Una posibilidad muy poco probable.
Los cerca de 200 desahucios al día en España, que cuentan en cada intervención con la comparecencia de una comisión judicial acompañada por la policía, contrastan -más allá del drama humano detrás de cada caso concreto- con las reclamaciones crónicas de racionalización del funcionamiento del muy saturado sistema judicial español.
El drama de los desahucios ha tenido, además, implicaciones internacionales, pues gran parte de los afectados por los desalojos son inmigrantes que se han quedado sin trabajo en el sector de la construcción.
Por este motivo, a mediados de marzo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió de que podría denunciar las leyes hipotecarias españolas ante organismos internacionales al considerar que «atentan contra los derechos humanos».
Los ecuatorianos son la segunda mayor colectividad de inmigrantes en España, por detrás de los rumanos.
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