Y lo único que queremos es, antes de morir, por lo menos pasar unos días con un poco de tranquilidad y con los alimentos que podríamos obtener con esa pensión
La suya es una protesta de años, en todos los sentidos posibles de la frase: son ancianos que desde septiembre de 2007 han estado saliendo a la calle en Nicaragua de forma regular para reclamar un derecho conculcado hace casi dos décadas.
Pero la más reciente respuesta del gobierno nicaragüense a las demandas de quienes exigen el pago de una pensión reducida para los trabajadores retirados que no completaron las 750 cotizaciones requeridas para una pensión completa, ha generado una ola de indignación y solidaridad que podría terminar provocándole más de un dolor de cabeza al gobierno del presidente Daniel Ortega.
«Nosotros no estamos pidiendo un favor, nosotros lo que estamos reclamando es un derecho», le explicó a BBC Mundo Porfirio García, el presidente de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), organización que aglutina a 15.000 ancianos con al menos 250 semanas cotizadas.
«Y somos adultos de 60, 70, 80 años y más. No tenemos tiempo para seguir esperando. Por eso hemos endurecido nuestras demandas», dijo el antiguo obrero y ebanista, que hoy tiene 72 años de edad.
Fue por eso que a inicios de la semana un grupo de «abuelitos» – como se les ha empezado a llamar a través de las redes sociales – se tomó la sede central del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ubicada en Managua.
Según reportes de prensa, varios de ellos resultaron lesionados por los guardias de la institución, que luego procedieron a cortar la luz y el agua en el edificio ocupado.
Y, a renglón seguido, la policía nicaragüense procedió a acordonar la zona para evitar así el ingreso al local de agua, alimentos y medicinas, lo que derivó en enfrentamientos con quienes intentaba asistir a los ancianos, los que fueron desalojados por la fuerza este jueves por la madrugada.
Solidaridad vs. Manipulación
La actitud oficial inmediatamente encendió las redes sociales, que ya habían servido para logrado movilizar apoyos en favor de «los viejitos», como también están siendo llamados los protestantes.
Y ahora su reclamo amenaza con convertirse en un catalizador para todos los descontentos con el gobierno de Ortega, como recientemente ocurrió con la propuesta de aumentar el precio del transporte público en Brasil, o con la de urbanizar el parque Gezi en Turquía.
La identificación popular del INSS como una institución saqueada por la corrupción de sucesivos gobiernos es parte de la ecuación.
Pero son sobre todo las imágenes de ancianos reprimidos por la policía por exigir sus derechos después de una vida de trabajo las que parecen haber conseguido que numerosos grupos de jóvenes se identifiquen con la situación.
«Si no apoyamos #OcupaINSS ahora, en unos años seremos nosotros», es, por ejemplo, una de las convocatorias que circulan vía Twitter.
«Ellos ayer por nosotros, nosotros hoy por ellos», es otra de las consignas de la campaña.
Aunque, para el gobernante Frente Sandinista, esto sólo prueba que «la justa demanda de los adultos mayores» está siendo manipulada por la oposición.
«Hemos llegado a la conclusión clarita, totalmente clara, de que esto se trata de la manipulación de una demanda justa. Hay una manipulación expresa, una manipulación política clara de la derecha por destruir la seguridad social«, dijo este jueves el diputado sandinista Gustavo Porras.
«Resulta que ahora el INSS ya no está quebrado, ya ahora el INSS tiene que asumir millones de millones en una pensión reducida que estos mismos señores de la derecha, ellos mismos se lo quitaron a los compañeros adultos mayores cuando fueron gobierno».
Promesa incumplida
García, sin embargo, insiste en que la reivindicación de los adultos mayores es eminentemente social.
«Si alguien le quiere dar un carácter político (al reclamo) no somos nosotros. Nosotros no estamos interesados en estar con uno u otro partido, sino que se resuelva nuestra situación».
«Pero ahora entiendo que nos quieren desconocer (como organización). Por un lado no nos dan pensión y por otro lado no quieren que tengamos siquiera el derecho a reclamar».
La situación es particularmente incómoda para el partido sandinista porque los manifestantes basan su reclamo en una ley promulgada durante su primera etapa en el poder (1979 -1990), que reconoce el derecho a una pensión reducida para quienes hubieran cotizado por más de cinco años.
Y el reconocimiento de la pensión reducida fue una promesa de campaña que el gobierno ahora dice no poder cumplir por falta de fondos y para no romper sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional.
«Nos prometieron la pensión reducida de vejez a más tardar a tres meses (después de las elecciones). Nos dijeron que votáramos por ellos para que tuvieran mayoría y no hubiera dificultades en la aprobación de nuestra propuesta de ley. Y nosotros la realidad es que votamos por el comandante (Ortega), pero todas esas promesas nunca se hicieron efectivas», le relató García a BBC Mundo.
Y, según el dirigente, los afiliados de la Unidad Nacional del Adulto Mayor también han estado teniendo dificultades para cobrar el «bono solidario» de entre US$50 y US$110 mensuales asignado por el gobierno de Ortega a parte de sus afiliados, aparentemente en represalia por su decisión de protestar.
«El problema además es que no todos tenemos cobertura con el bono. Entonces esas 7 mil personas que no reciben nada, ¿en que situación están? Se están muriendo de hambre. Por decir algo en lo que va de este año ya se nos han muerto más de 200 personas, así que nosotros ya no estamos en voluntad de seguir esperando».
«Y lo único que queremos es, antes de morir, por lo menos pasar unos días con un poco de tranquilidad y con los alimentos que podríamos obtener con esa pensión».
