Sacyr se desploma en Bolsa española tras el fiasco del Canal de Panamá
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha anunciado este jueves, 2 de enero de 2013, que viajará a España e Italia «para exigir a sus gobiernos» que se cumpla el contrato de las obras de ampliación del Canal de Panamá.
Todo ello, después de que el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) haya anunciado que suspenderá dichas obras por los sobrecostes generados.
«Yo voy a ir a España e Italia a exigirle a estos gobiernos, porque no puede ser que una empresa meta una cantidad enorme de sobrecostos en una obra de ampliación, que es una obra de la humanidad, que cuando ellos licitaron pusieron un precio y ahora van a venir con el cuentito de que están subiendo los precios».
El presidente Martinelli irá acompañado de varios ministros y funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Martinelli considera que «hay una responsabilidad moral del gobierno italiano y del español» porque las empresas que forman parte del GUPC son de estos países.
A este respecto, ha recordado que en su primer año de mandato, 2009, los entonces presidentes de España e Italia le aseguraron que contaba con su apoyo para llevar a cabo este proyecto de infraestructura.
Además, el jefe de Estado ha advertido de que «aquí no van a venir con el relajo que nos tiene en tres y dos a Panamá y todo el mundo», según ha informado el diario panameño «La Prensa».
Así las cosas, ha confiado en que «la obra se desarrolle bajo el contexto en el que se negoció».
Suspensión de las obras
El GUPC, en el que participan la española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, ha decidido dejar en suspenso la construcción del tercer conjunto de esclusas del Canal de Panamá si los incumplimientos denunciados no son remediados dentro del periodo de preaviso.
El GUPC ha presentado fundadas reclamaciones en relación con los sobrecostes del proyecto derivados de circunstancias «sobrevenidas e imprevisibles» ante las diversas autoridades competentes, incluida la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, según ha informado la constructora española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El consorcio ha asegurado que ha venido desarrollando continuados esfuerzos para que dichas reclamaciones, cuyo importe global asciende a unos 1.625 millones de dólares, fueran atendidas por la ACP a medida que han ido surgiendo.
Sin perjuicio de lo anterior, el GUPC mantiene abierta la interlocución con la ACP para alcanzar un acuerdo satisfactorio que ponga fin al actual desequilibrio contractual.