Repsol se compromete a retirar todas las denuncias presentadas contra la empresa y los aliados de YPF y viceversa
El consejo de administración de Repsol aprobó este 25 de febrero de 2014 por unanimidad suscribir el llamado «Convenio de solución amigable y advenimiento de la expropiación» que les permitirá recibir un total de 5.000 millones de dólares (3.700 millones de euros), en cualquier caso.
La firma definitiva se producirá este jueves en Buenos Aires, donde está previsto que participe tanto Luis Suárez de Lezo como Nemesio Fernández Cuesta. Por parte argentina, no está confirmado quién participará en el acto pero se espera que esté tanto Carlos Zannini como el ministro de Economía, Axel Kicillof.
El acuerdo alcanzado entre las partes, que ahora tendrá que recibir el visto bueno de la Junta general de accionistas de la petrolera del próximo 28 de marzo, permitiría no obstante que la petrolera pudiera llegar a recibir hasta 10.000 millones de dólares (5.800 millones de euros) siempre que mantuviera los bonos hasta su vencimiento total, una gran parte en 2017 y otra que afectaría a 1.750 millones hasta el año 2033, una situación que parece improbable, ya que fuentes consultadas por este diario aseguran que la petrolera irá monetizando estas cantidades poco a poco en función de la situación del mercado.
Según consta en el pacto que a lo largo de estos cuatro meses de negociación han estado elaborando los equipos técnicos la compañía recibirá el pago a través de cuatro tipos distintos de bonos.
El Bonar 10 tendrá una cantidad de 500 millones de dólares con un tipo de interés del 7 por ciento. El Bonar X estará dotado con otros 500 millones y vencerá en 2017 con un tipo de interés que también estará en el 7 por ciento.
El Bonar 24 será una nueva emisión de 3.250 millones, con una duración de diez años, con un tipo de interés del 8,75 por ciento.
El acuerdo incluye también una emisión del Discount 33, con vencimiento en 2033, y que tendrá una cantidad nominal de 1.250 millones, pero que ya tiene intereses capitalizados por otros 500 millones. Este bono tiene un tipo de interés del 8,28 por ciento.
Con todas estas cantidades, la petrolera recibirá un total de 5.500 millones y sus cobros tienen un suelo garantizado de 4.670 millones de dólares.
El acuerdo explica también que la deuda de Argentina con Repsol no expira mientras la petrolera no haya recibido la cantidad mínima de 5.000 millones de dólares.
El pacto también contempla la posibilidad de recurrirlo ante Unictral si el Gobierno argentino acometiera una reestructuración de la deuda.
Comenzar a explotar Vaca Muerta
El Gobierno argentino, por su parte, considera que YPF podrá alcanzar nuevos acuerdos de colaboración con petroleras para desarrollar el megayacimeinto de Vaca Muerta, al tiempo que podrá acudir a nuevas vías de financiación, tal y como explicó el Jefe de Gabinete de la Casa Rosa, Jorge Capitanich.
Fuentes del sector indicaron que finalmente la propuesta aprobada ha sido la realizada por los gestores de Repsol que de este modo han conseguido las garantías necesarias del cobro, tal y como aseguraron el pasado noviembre para poder sellar este acuerdo.
A lo largo de esta misma semana se espera que pueda producirse un pronunciamiento del Tribunal de Tasación argentino, que tal y como indicaba la Ley de expropiación argentina tenía que pronunciarse en un plazo inferior a dos años para poder dar por cerrado el proceso.
El Congreso de la Nación argentina se espera que pueda aprobar la emisión del bono el próximo mes de abril, de forma que la compensación quede cerrada en el primer semestre.
Repsol, por su parte, se compromete a retirar todas las denuncias presentadas contra la empresa y los aliados de YPF y viceversa.
El acuerdo además supone el final a la incertidumbre que generaba la disputa judicial entre la petrolera y argentina y que podría haberse prorrogado durante cinco años más en los tribunales arbitrales como el Ciadi.
El consejo de la petrolera considera que el acuerdo muestra que se utilizó la estrategia legal adecuada y ha recibido informes elaborados por Deutsche Bank y por Uría & Menéndez para garantizar que la decisión adoptada por el consejo es la correcta por si se produjeran reclamaciones patrimoniales de los accionistas.
