"El ciudadano común argentino será la víctima real y última", dice Pollack
Muchos claman contra los acreedores, cada día más hartos e implacables, pero la verdadera razón es la incomptenecia de la presidentea Cristina Kirchner y la insultante soberbia de sus ministros.
Argentina volvió a caer en cesación de pagos, la octava de su historia. Los intentos de última hora de la banca local para tratar de evitarlo no dieron resultado a tiempo.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo desconocer la opción de los bancos aunque, añadió, «no me sorprendería» y confirmó que «no hubo acuerdo» con los «fondos buitres».
Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Grisa, emitió anoche un duro comunicado en el que ratificó: «desgraciadamente no hubo acuerdo y Argentina entra en suspensión de pagos».
Las expectativas creadas durante del día de una solución se hundieron tras la intervención de Kicillof que, desde Nueva York, repitió la tesis de Argentina de que «no puede pagar porque incumpliríamos nuestras propias leyes» y ofreció a «los buitres» la reapertura de canjes como los del 2005 y el 2010 que aceptaron el 92 por ciento de los acreedores con quitas de hasta el 65 por ciento.
Asimismo, Kicillof, arremetió contra a justicia estadounidense a la que están sometidos los bonos impagos.
De inmediato la calificadora Standar and Poor’s cambió la calificación del país y lo colocó en «defaul técnico» o «selectivo» idéntica categoría a la que Argentina recibió tras la bancarrota del 2001 con la suspensión de pagos de más de cien millones de dólares.
e este modo, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, coloca al país en la peor de las situaciones. Con la decisión de anoche dio un paso al precipicio en el pulso con la justicia de Estados Unidos y los Fondos de Inversión especulativa dueños de esos bonos.
El juez Griesa había dispuesto un mes largo para tratar de acercar posiciones y resolver el problema bajo amenaza de embargar giros a acreedores con bonos reestructurados.
La presidenta de Argentina, tras varios volantazos, eligió negociar -con rigor- menos de 24 horas antes de que se venciera el plazo que, finalmente, ha colocado al país fuera del sistema financiero por una suma «perfectamente asumible», a ojos del mundo y de Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica.
Axel Kicillof se sentó ayer frente a frente con los representantes de los fondos de inversión que reclaman, con derecho propio según sentencia de la justicia de Estados Unidos, lo que es suyo: el pago completo de sus bonos del Estado.
Kicillof dijo que se incorporó a la negociación, «por petición del mediador» que se guía instrucciones del juez, insistió. Mantuvo el discurso oficial de que el país no puede pagar porque es rehén de la denominada cláusula Rufo (Rights Upon Future Offers) que habilita a los acreedores que reestructuraron su deuda a reclamar el mismo trato si otro, como los fondos de inversión, lograba mejorar su pago antes del 31 de diciembre de este año.
No obstante, el ministro reconoció que le ofrecieron depositar «una garantía» para trasladar el problema a enero, cuando la disposición RUFO ya no estaría en vigor y Argentina podría pagar sin consecuencia pero lo rechazó.
Kicillof, pese haber salido de la reunión con Pollack y los fondos especulativos con los pulgares mirando al cielo, no pudo disimular el fracaso e insistió: «vamos a buscar una solución equitativa para todos los acreedores, para el 100 por 100» pero nadie «va a cobrar más que otro».
La noticia cayó como un jarro de agua helada y anticipa una etapa muy dura para una Argentina que ya atraviesa una etapa de recesión combinada con una inflación en torno al 40 por ciento.
Por la mañana el gerente del Banco Piano, Francisco Ribeiro, había confirmado la intervención de la Asociación de bancos Argentinos (ADEBA) para «conformar un fondo» y «allanar el camino» con «un formato jurídico» que permite sortear la cláusula RUFO.
La idea era «comprar un porcentaje de la deuda como garantía o la deuda entera». En el primer caso, la medida permitiría al juez Thomas Griesa dictar un «stay», amparo o medida cautelar para que Argentina pudiera concretar el giro de 539 millones de dólares a los acreedores que aceptaron el canje y que está bloqueado desde hace un mes por el propio Griesa que esperaba que el Gobierno cambiara de posición.
