Luis de Guindos, ha asegurado que revertir las reformas emprendidas desde 2012 supondría un frenazo en la recuperación
Algunas de las propuestas de partidos vinculados a Podemos, como el de Ahora Madrid o Barcelona en Comú, inquietan tanto a Gobierno como a empresarios por la imposibilidad de llevarlos a cabo sin caer en un elevado endeudamiento.
La propia ley de Estabilidad Presupuestaria recoge, tal y como recordó este lunes el ministro de Hacienda, que los ayuntamientos y comunidades que sobrepasen el objetivo de déficit podrán ser intervenidos por el Estado.
Según da cuenta ‘ABC’, los planes incluidos en el programa de estos partidos exigen en muchos casos el desembolso de ingentes cantidades de dinero público y por ende, un aumento del nivel de endeudamiento.
REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA
El de Ahora Madrid va más allá y plantea una reestructuración de la deuda (6.000 millones de euros), una medida detallada entre las promesas de la actual alcadesa de Madrid, Manuela Carmena. Para ello propone una auditoría de la gestión económica del ayuntamiento y de las empresas proveedoras de servicios municipales.
A los empresarios también les preocupa la inestabilidad e incertidumbre por la avalancha de pactos que han sido necesarios y en consecuencia, que la sombra de la moción de censura sobrevuele constantemente a los gobiernos municipales y autonómicos.
Varias personalidades del mundo empresarial se han declarado «preocupadas» ante los nuevos colores del mapa político español. Entre ellas se encuentran destacados directivos como el propio presidente de la CEOE, Juan Rosell; el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir o el presidente de Freixenet José Luis Bonet, entre otros.
El último en sumarse a estas afirmaciones ha sido el presidente del BBVA, Francisco González, quien ha indicado al respecto que para crear empleo «no hay atajos ni fórmulas mágicas, hay realidades».
Proyectos urbanos en riesgo
Como ejemplo de estas realidades se encuentran, según ha recordado el presidente del BBVA, los millones de euros que quedan en el aire en proyectos trazados para las grandes capitales.
González se refería a la «Operación Chamartín» en Madrid, de la que es accionista mayoritario, y aseguraba que creará 120.000 puestos de trabajo y reportará a la Administración más de 3.600 millones de euros de ingresos.
El programa de Ahora Madrid recoge la paralización de esta operación urbanística y auditar los acuerdos ya firmados. En la capital también se revisarán los contratos de la «Operación Canalejas» y las obras en el Edificio España.
En Barcelona, las intenciones de Ada Colau ponen en riesgo la celebración del Mobile World Congress y la subvención de 16 millones de euros al campeonato de Fórmula 1 en Montmeló. En el «Plan de Choque» de Barcelona in Comú se anuncia una revisión de las cláusulas de contratos vigentes con el ayuntamiento.
Los planes de la nueva alcaldía de la ciudad condal también podrían cambiar el concepto de turismo que rige actualmente.
En concreto, la nueva alcaldesa va a aplicar una moratoria a la apertura de hoteles y apartamentos turísticos (cita ejemplos como el del Deutsche Bank o los previstos en los Planes de Usos de Ciutat Vella, Gràcia y Poble Sec) hasta que no se realice «una auditoría con participación ciudadana» y se aplique un nuevo plan de turismo para toda la ciudad.
También se detendrán o revisarán en Barcelona procesos de ampliación de grandes superficies comerciales.
La paralización de los desahucios podría perjudicar los balances bancarios e instalar el miedo entre los propietarios de vivienda. Colau ha amenazado con ejecutar las «sanciones» a la banca si incumplen la moción aprobada anteriormente por Xavier Trías a propuesta de PAH Barcelona que les obliga a reinstalar en un inmueble de alquiler social a las familias desalojadas y a disponer de viviendas vacías.
Desde Ahora Madrid también se han comprometido a paralizar los desahucios de primera vivienda y a garantizar una alternativa para los más afectados por la crisis económica.
Otro de los puntos sobre los que se han pronunciado los dirigentes políticos y organismos internacionales tiene que ver con dar marcha atrás a las reformas económicas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que revertir las reformas emprendidas desde 2012 supondría un frenazo en la recuperación.
También el FMI advertía en su informe de conclusiones preliminares sobre España que una reversión de los ajustes acometidos crearía un panorama de incertidumbre y paralizaría la recuperación.
