La dictadura venezolana sigue esforzándose por encontrar cualquier tipo de financiación que le permita hacer frente a las sanciones de Estados Unidos. Tras vender toneladas del oro público en los mercados internacionales, ahora centra su interés en sacar el dinero a sus ciudadanos a través de la regulación del sistema bancario. En concreto, por medio de una reforma total del sector de las tarjetas de crédito y de débito. ( Detienen al hijo del exembajador de Zapatero en Venezuela por el blanqueo de 4 millones de PDVSA)
El Banco Central de Venezuela (BCV) y la Superintendencia de Bancos (Sudeban) han ordenado a la banca nacional que cesen sus operaciones con las franquicias Visa y Mastercard. Una medida que entraría en vigencia próximo 30 de noviembre, para las operaciones de débito, y del 30 de enero de 2020 para los pagos con tarjeta de crédito. ( The New York Times: «Venezuela vive la peor crisis económica para un país sin guerra»)
Con la salida de las grandes multinacionales, el régimen chavista elimina toda competencia privada y deja el terreno libre para la llegada de una solución bancaria pública que beneficie y financie directamente a la dictadura. No en vano, la medida económica, que está estipulada en la resolución SIB-DSB-04714, ordena crear un sistema «soberano» que cumpla el rol que hasta el momento hace Visa y Mastercard.
Control de la población
La economista Rosana Sosa asegura que la medida también podrá tener un impacto en el control de la población. «Al quitar a un intermediario crediticio, el régimen se garantiza el control absoluto de la financiación de particulares y de las empresas dentro del mercado secundario». En este sentido, se logra tanto «asfixiar a quien necesita del crédito», como «lograr una máxima injerencia en el modelo financiero como es común en modelos comunistas».
A pesar de que el chavismo ha ordenado a la banca promover el uso de Servicios de Pago Móvil Interbancario Persona a Persona (P2P) y Persona a Comercio (P2C), para la economista solo se trata de «un modelo que busca tener un control total y digitalizado de todas las transacciones y los pagos tanto de particulares como de empresas. No hay que olvidar que el Estado tiene el control de todos los sistemas digitales».
