Abogada y un empresario pedían a cada ilegal 1.200 euros

Timaban a inmigrantes con el cuento de conseguirles «los papeles»

Han sido condenados a 15 meses de prisión por la Audiencia de Vizcaya

Timaban a inmigrantes con el cuento de conseguirles "los papeles"
Audiencia de Vizcaya.

"prometían falsamente la consecución del permiso de residencia y trabajo, mediante la presentación ante la autoridad competente de una oferta de trabajo". Para ello, el empresario procesado constituyó una empresa que carecía de actividad real

Una abogada y un empresario han sido condenados por la Audiencia de Vizcaya a penas de 15 meses de prisión por un delito continuado de estafas a trabajadores inmigrantes, según ha informado la coordinadora Harresiak Apurtuz, que asumió la acusación del caso.La sentencia en firme, a la que se ha llegado tras un acuerdo entre las partes, condena a ambos acusados a 15 meses de prisión eludibles mediante el pago de una multa de 8 euros diarios durante esos 15 meses y al pago, en concepto de responsabilidad civil, de 1.200 euros a cada uno de los siete trabajadores estafados.

La resolución añade a la pena para la letrada la inhabilitación del ejercicio profesional durante 6 meses y la privación del derecho de sufragio pasivo.

La coordinadora vasca de ONG de apoyo a inmigrantes, Harresiak Apurtuz, ha indicado en un comunicado que la sentencia evidencia que la abogada, que ejercía en Vizcaya, y el empresario acordaron enriquecerse solicitando cantidades de dinero a inmigrantes en situación irregular a cambio de ofrecerles un trabajo.

Con el dinero que se les exigía, el empresario y la abogada aseguraban que pagaban la cotización a la Seguridad Social y cubrían los gastos de gestión.

Además, «prometían falsamente la consecución del permiso de residencia y trabajo, mediante la presentación ante la autoridad competente de una oferta de trabajo». Para ello, el empresario procesado constituyó una empresa que carecía de actividad real, según la misma fuente.

La cantidad mínima que exigían a cada inmigrante era unos 1.200 euros, «todo ello, sabiendo los acusados que, al carecer la empresa de actividad real, faltaba uno de los requisitos previstos en la norma correspondiente para la regularización de los trabajadores extranjeros», ha indicado la coordinadora.

Harresiak Apurtuz asumió a finales de 2005 la representación de 61 trabajadores inmigrantes que supuestamente habían sido estafados durante el Proceso de Normalización de Trabajadores Extranjeros que hubo ese año.

De esta forma, la resolución hecha pública hoy es la tercera sentencia condenatoria en firme de la Audiencia de Vizcaya por un delito continuado de estafas que atentan contra los derechos laborales y sociales de varias decenas de trabajadores.

Sin embargo, la coordinadora ha lamentado que, a pesar de esas condenas, continúan actuando redes contra los derechos de los trabajadores extranjeros y ha exigido a la Inspección de Trabajo, la Subdelegación de Gobierno, la Policía y el Colegio de Abogados de Vizcaya «asuman sus responsabilidades».

 

Autor

Emilio González

Emilio González, profesor de economía española, europea y mundial en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid.

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