El presidente paraguayo, Fernando Lugo, promulgó esta noche el estado de excepción por 30 días declarado hoy por el Congreso en cinco provincias para perseguir a un grupo armado que mantiene en vilo el norte el país.
El ministro de Interior, Rafael Filizzola, explicó en rueda de prensa que la medida «no altera la normalidad democrática del país» y que se va «a seguir trabajando bajos órdenes judiciales como establece la Constitución nacional».
«Hay que distinguir del estado de excepción en democracia y de lo que fue el estado de sitio durante una dictadura», enfatizó el ministro en alusión al régimen de Alfredo Stroessner, quien gobernó este país con mano dura entre 1954 y 1989.
Filizzola, que participó de una reunión de ministros con Lugo para planificar las primeras acciones operativas de los militares, dijo que este lunes se concretarán otros detalles como la designación del jefe de un comando conjunto.
Si bien la medida regirá en cinco provincias del centro y norte del país, Concepción, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes, la persecución se centrará en la primera, en cuyas regiones boscosas el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), de izquierda, se hizo fuerte en los últimos años.
El titular del Congreso, el senador opositor Miguel Carrizosa, dijo que el jefe de Estado ha recibido «las herramientas» para «neutralizar al EPP, que tanto daño está causando» en el norte del país, en donde, según el legislador, «hay temor, la gente no sabe quién va a ser la próxima víctima».
El Gobierno, que ha puesto precio por las cabezas de los cabecillas, responsabiliza a ese grupo de cuatro sonados casos de secuestro perpetrados en los últimos 10 años, con tácticas de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El EPP, una escisión del extraparlamentario Partido Patria Libre (PPL), también está acusado de asesinatos de policías, militares civiles, así como de ataques a haciendas en San Pedro (centro) y Concepción, noreste, en la frontera con Brasil, al amparo de un casi nulo control en una extensa región donde además proliferan cultivos de marihuana.
La muerte de un policía, dos peones y un guardia en una emboscada tendida el miércoles último en una finca de Arroyito, distrito de Horqueta, a 380 kilómetros al norte de Asunción, en los límites de San Pedro y Concepción, obligó a Lugo a pedir el estado de excepción el día siguiente.
Uno de los fiscales que llegaron al lugar consideró el hecho como una masacre al señalar que el agente y los empleados de la hacienda, que se habían internado en la selva detrás de posibles ladrones de ganado, fueron ametrallados por los atacantes.
Tres peones que sobrevivieron al ataque rehusaron a hablar con periodistas desplazados a la zona ante el temor que hay en la zona, en la que la Policía halló tres campamentos, con un panel solar, enseres abandonados, lubricantes para armas, así como un área para prácticas de tiro.
Según los investigadores, en una de las chozas fue mantenido Luis Lindstron, un conocido ganadero de San Pedro, que fue secuestrado el 31 de agosto de 2008 y liberado tras 43 días de cautiverio y el pago de un rescate de 300.000 dólares.
Familiares de Lindstron habían denunciado que fueron obligados a «devolver» a los secuestradores los cerca de 30.000 dólares que la Fiscalía halló en un campamento abandonado presurosamente por sus ocupantes durante la persecución emprendida en su día.
La Policía, apoyada por un contingente militar, realizó en febrero pasado una búsqueda infructuosa en Concepción tras la liberación de otro ganadero, Fidel Zavala, que estuvo 94 días en manos de sus captores y luego del pago de 550.000 dólares.
El EPP también está acusado del secuestro y asesinato, en 2005, de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas (1998-1999), pese al pago de 300.000 dólares, y del plagio, en 2001, de Edith de Debernardi, esposa de acaudalado empresario.
El estado de excepción, una herramienta empleada con frecuencia durante la pasada dictadura, no fue bien recibido por organizaciones sociales y en el propio Congreso, de mayoría opositora, en el que los detractores de Lugo cuestionaron su aplicación.
Su declaración «es la demostración de que la democracia representativa no sirve, eso es lo que Lugo tratando de demostrar, que la democracia burguesa, como dicen ellos, no sirve para frenar la inseguridad», afirmó el ex presidente Nicanor Duarte.
El antecesor de Lugo, cuyo partido perdió hace dos años ante el ex obispo una hegemonía de 61 años en el poder, expresó además su extrañeza por una medida extrema para perseguir «a 15 ó 20 tipos» en los montes como si hubiera «un rebasamiento de las fuerzas policiales».
