El jurista español Carlos Castresana anunció este lunes que ha presentado su dimisión como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ante el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, por el reciente nombramiento de Conrado Reyes como nuevo Fiscal General de Guatemala.
En una conferencia de prensa celebrada este lunes en la capital guatemalteca, Castresana explicó que la Cicig está siendo víctima de «ataques sistemáticos» y aseguró que tras sus dos años en el cargo cree que «ya no hay más que hacer por Guatemala». Durante el inesperado anuncio de su marcha, el jurista español arremetió contra Reyes, quien, según dijo, debería renunciar al cargo «por su relación con el narcotráfico».
Castresana añadió que había solicitado al propio presidente del país, Alvaro Colom, que destituyese al recién nombrado Reyes, ya que «no es la persona que el país merece ni necesita». Y es que, según el jurista español, el nuevo jefe del Ministerio Público alcanzó el cargo mediante pactos con bufetes de abogados vinculados a narcotraficantes. «Ha demostrado compromisos con organizaciones ilícitas y no con el Estado de derecho», señaló en declaraciones recogidas por el diario ‘Prensa Libre’.
«No nos salen las cuentas con la Fiscalía General», añadió para justificar su marcha. Asimismo, Castresana pidió a los fiscales «honrados» e «intachables» que cierren filas contra Reyes mediante recursos jurídicos o exigiendo públicamente su renuncia.
En diciembre de 2006 el Gobierno de Guatemala y la ONU acordaron establecer la Cicig como organismo de apoyo a la Fiscalía, a la Policía Nacional y a otras instituciones guatemaltecas con el objetivo de investigar un número limitado de casos relacionados con el surgimiento de grupos armados ilegales y de organizaciones criminales, muchas de las cuales han sido desmanteladas desde que la comisión comenzase a operar, en 2008.
Castresana explicó que otra de las razones que han motivado su salida es que el Gobierno guatemalteco no ha cumplido con algunos acuerdos establecidos para aumentar la eficacia de la Justicia de Guatemala, país en el que, indicó, en el 98 por ciento de los casos prevalece la impunidad.
Además, informó de que Ban ya había aceptado su dimisión y que en los próximos días la ONU nombraría a su sucesor. No obstante, Castresana agradeció a la sociedad guatemalteca el apoyo que ha recibido durante su mandato como jefe de la Cicig.
El pasado mes de abril, en la sede de Naciones Unidas, Castresana defendió su gestión al frente de la comisión internacional y recordó que Guatemala es un país acuciado por una larga historia de impunidad, especialmente durante las represivas y brutales dictaduras de los sesenta y los ochenta. Allí, el jurista español defendió que desde el inicio de su mandato había destituido por corrupción a más de 2.000 agentes de Policía –un 15 por ciento de las fuerzas de seguridad del país–, a un fiscal general, a diez fiscales y a tres jueces de la Corte Suprema.
«Hemos enviado a la cárcel a 130 personas que son de ese tipo de gente que nunca habría sido procesada antes en Guatemala, entre ellos un antiguo presidente (Alfonso Portillo), un ministro de Defensa, un ministro de Finanzas y dos directores de la Policía Nacional», recalcó entonces.
