La Justicia venezolana ordenó encarcelar a dos ex gerentes de la distribuidora estatal PDVAL por su presunta vinculación con el caso de alimentos descompuestos hallados a finales de mayo en miles de contenedores en un puerto del país, informó hoy la Fiscalía General.
Esos al menos 30.000 kilos de alimentos fueron importados por la estatal Productora y Distribuidora de Venezolana de Alimentos (PDVAL), y se habrían descompuesto por permanecer estacionados en un puerto del centro venezolano durante al menos un año.
Una corte de control ordenó una medida privativa de libertad contra Roland Flores y Vilyeska Betancourt, quienes ocuparon durante 2009 los cargos de gerente general y directora ejecutiva de Operaciones, respectivamente, en PDVAL, dijo el Ministerio Público.
Flores y Betancourt fueron imputados por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de boicot y peculado culposo, tipificados en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y en la Ley Contra la Corrupción, de acuerdo a la información oficial.
Ambos permanecerán recluidos en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ubicada en la ciudad central de Valencia, a unos 120 kilómetros al oeste de Caracas, precisó el Ministerio Público en una nota de prensa.
La semana pasada la Fiscalía imputó por los mismos delitos de boicot y peculado culposo al ex presidente de PDVAL, Luis Enrique Pulido, quien permanece detenido en una dependencia del Sebin.
En su comunicado de hoy, el Ministerio Público señaló que durante la investigación preliminar el Sebin «constató» con una inspección ocular «la existencia de un lote de productos de la cesta básica vencidos, incluyendo arroz, harina de trigo, leche, azúcar y aceite de soya».
Las autoridades venezolanas reconocieron que fueron halladas 30 toneladas de alimentos estacionadas en el Puerto Cabello, pero presumieron que no toda esa cantidad estaría descompuesta.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, calificó de grave el caso de los alimentos de PDVAL y pidió castigar a los responsables, pero rechazó que el asunto sea un reflejo del desempeño de la empresa estatal, que califica como uno de los mayores logros de la «revolución» que lidera desde hace 11 años.
Por su parte, la oposición asevera que el caso de los alimentos podridos evidenciaría la «ineficiencia y corrupción» del Ejecutivo «chavista», y asegura que la cantidad hallada en contenedores alcanza los 70.000 kilos.
La representante opositora ante el Consejo Legislativo del estado de Carabobo, Karelly Lizarraga, dijo este miércoles que el hallazgo de «70.000 toneladas» de alimentos descompuestos en contenedores «es un delito de lesa humanidad y de lesa patria».
Lizarraga pidió que la investigación del caso no solo se limite a los gerentes de PDVAL, una empresa creada en 2008 y adscrita a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
El escándalo por los alimentos descompuestos se registra en momentos en los que en Venezuela ha arreciado la cíclica escasez de alimentos básicos como carne de res, pollo, leche, azúcar y café.
