Costa Rica, un país reconocido por su reputación en materia derechos humanos en Latinoamérica, se ha convertido en escenario de controversia ante la posibilidad de que los derechos civiles de los homosexuales sean sometidos a un referéndum descalificado desde organizaciones progresistas del país.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) decidirá en los próximos días la convocatoria a un referendo sobre la legalidad de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, en un caso inédito en la región.
Está en juego el reconocimiento de derechos como herencia, pensión, seguro social y acceso común al crédito y el estatus legal de las uniones de hecho de parejas homosexuales, en momentos en que se discute un proyecto de ley en el Congreso que pretende dar estatus legal a las uniones de hecho entre homosexuales.
El referendo es impulsado por el Observatorio Ciudadano por la Vida y la Familia, un grupo apoyado por la iglesia católica y denominaciones evangélicas que se oponen al proyecto de ley.
El tema ha desatado las más ácidas críticas en uno de los pocos Estados confesionales en el mundo y donde cerca del 70% de la población dice ser católico, aunque apenas la mitad reconoce ser practicante.
Organizaciones homosexuales, grupos de heterosexuales, la Defensoría de los Habitantes y hasta uno de los principales partidos políticos del país, Acción Ciudadana (PAC), se oponen a la consulta, argumentando que los derechos humanos no pueden ser sometidos a votación.
«Una mayoría no puede decidir sobre los derechos de las minorías en un referendo de resultado previsible» es su lema y el eje de decenas de artículos publicados en la prensa y en las redes sociales estos días.
Desde mayo de 2009, en las Iglesias católica y evangélicas han estado recogiendo al final de los servicios religiosos las firmas exigidas por el TSE para convocar el referendo, con la exhortación de sacerdotes y pastores que aseguran estar defendiendo el modelo de familia y los valores costarricenses.
Esta semana el Observatorio entregó al Tribunal las últimas 31.000 firmas requeridas, y ahora sólo resta esperar su revisión para que se convoque la consulta popular para el 5 de diciembre, el mismo día en que se celebrarán las elecciones de alcaldes.
La discusión de los derechos de las parejas homosexuales ha puesto en entredicho, para un sector de la población, la imagen de Costa Rica como ejemplo de paz, respeto y tolerancia.
«Nos exponemos a un litigio internacional pues es un contrasentido llevar a referéndum cualquier derecho humano, ya que estos son inherentes e irrenunciables», dijo a Efe la presidenta del PAC, Elizabeth Fonseca.
La misma opinión expresó la defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, quien incluso envió al TSE una solicitud formal para que desestime la convocatoria a referéndum.
Tanto la Defensoría como el PAC anunciaron que si el Tribunal da luz verde a la consulta llevarán el caso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que «haga valer los derechos fundamentales de todos los ciudadanos sin ser discriminados por su orientación sexual».
El Movimiento Diversidad, que agrupa a activistas homosexuales, asegura que el resultado del referendo es previsible en un «país homofóbico» y que lo único que esta comunidad pide es la garantía de derechos civiles básicos, ni siquiera la legalización del matrimonio.
Mientras tanto, Alexandra Loría, portavoz del Observatorio, explicó a Efe que el objetivo es utilizar las herramientas democráticas legales para proteger el modelo tradicional de familia, pues aunque se habla de sociedades de convivencia, los derechos que obtendrían estas parejas son los mismos que los del matrimonio.
«Creemos que la familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección del Estado», dijo.
«No existe ningún derecho humano que disponga que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, en cambio el matrimonio entre un hombre y una mujer sí goza del derecho humano a ser protegidos por el Estado», añadió.
La polémica calienta un país donde la Iglesia católica tiene abierta influencia en la vida pública, incidiendo en temas como educación sexual o reproducción asistida y donde incluso un obispo fue condenado por el TSE por hacer propaganda contra candidatos presidenciales que apoyaban el proyecto de ley de uniones civiles homosexuales.
