La Sala Tercera de la Corte Suprema de Costa Rica inició hoy la vista en que decidirá el futuro del ex presidente Rafael Ángel Calderón (1990-1994), condenado a cinco años de prisión por peculado (desvío de fondos públicos) en un tribunal de primera instancia el año pasado.
La audiencia en la que se resolverá el recurso de casación presentado contra esa condena por Calderón, primer ex presidente condenado en la historia del país centroamericano, se inició hoy y está previsto que se prolongue hasta el 24 de junio.
Calderón ha manifestado estar confiado en que los magistrados reconocerán los que considera errores de forma y fondo relativos a su caso y emitirán una sentencia absolutoria a su favor.
El ex mandatario no asistió hoy al inicio de la vista debido a que, según su abogado, Juan Marco Rivero, se encuentra incapacitado por una afección en los bronquios.
Rivero explicó a Efe que expondrá a la Sala Tercera las múltiples fallas que tiene la sentencia de su cliente, especialmente la supuesta «aplicación indebida de la ley».
De acuerdo con Rivero, los hechos por los que se condenó a Calderón no calzan dentro del delito de peculado, pues éste no era funcionario público cuando se produjeron los acontecimientos juzgados.
«Vamos a atacar la falta de fundamentación de la sentencia, contradicciones muy graves que tiene el fallo y algunos puntos de derecho de fondo», añadió.
Para el abogado, «hay argumentos suficientes para que se revoque la sentencia y se declare la absolutoria de mi representado».
El ex gobernante ha señalado a medios locales que la condena en su contra obedeció a un «juicio político» para frenar sus aspiraciones a la Presidencia, por lo que espera que el proceso de casación se apegue a los temas jurídicos.
La Sala Tercera, que estará en sesión sobre este tema durante tres días esta semana y otros tres las semana próxima, tiene potestad de dictar un fallo absolutorio o de ordenar un nuevo juicio si considera que el proceso estuvo viciado.
Si otro juicio fuera necesario, Rivero indicó que el proceso judicial podría extenderse hasta 2014, pues en caso de otra condena, ésta sería nuevamente apelada.
Calderón fue sentenciado por un tribunal penal a cinco años de prisión por dos delitos de peculado, relacionados con un reparto de 8 millones de dólares en comisiones de un préstamo estatal.
El ex mandatario defendió siempre su inocencia, argumentando que el dinero que recibió fue en concepto de asesorías privadas que brindó a las empresas involucradas en la suscripción del préstamo.
El crédito de 39,5 millones de dólares fue suscrito por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) con Finlandia en 2002 para la compra de equipo médico a una compañía de esa nación europea.
Por este caso también fueron condenadas otras seis personas, entre ellos, el ex presidente ejecutivo de la CCSS Eliseo Vargas, además de otros ex directivos de la institución, así como funcionarios de la corporación Fischel, representante en Costa Rica de la firma finlandesa que vendió el equipo médico.
Dependiendo del resultado de la vista de casación, el ex presidente no descarta acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, pues no ha gozado del derecho a un recurso de apelación de sentencia.
Costa Rica fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en 2004 porque su sistema jurídico no contempla una instancia de apelación de los fallos judiciales mas allá del recurso de casación ante el máximo tribunal.
El Congreso ha aprobado el establecimiento de una segunda instancia judicial que acepte recursos de apelación contra los fallos de primera instancia pero que no entrará a regir hasta dentro de 18 meses.
Rivero indicó que «de acuerdo con el derecho internacional, y ahora el interno, existe la facultad de toda persona de impugnar en vía de apelación un fallo condenatorio y este es un derecho que se le ha negado» a Calderón.
«Habrá que esperar que resuelve la Sala pero por supuesto que estamos dispuestos a ir a la Corte Interamericana», subrayó.
