Luego de más de tres años, ecologistas argentinos resolvieron hoy liberar por 60 días el bloqueo en un acceso a Uruguay, presionados por la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de demandarlos penalmente por el corte iniciado en repudio a una papelera de capital finlandés.
En una reunión multitudinaria, la Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú decidió levantar a partir del próximo sábado el paso a la uruguaya Fray Bentos, donde se emplaza la fábrica de UPM (ex Botnia), a la espera de que avancen las negociaciones entre los gobiernos de Argentina y Uruguay para el control conjunto de la planta.
La moción de levantar por 60 días el bloqueo, en uno de los tres pasos desde Argentina a Uruguay, ganó por una ajustada mayoría de 402 sufragios, frente a 315 de quienes se oponen a liberar el acceso, quienes se quejaron del resultado de la asamblea.
Los activistas aprobaron «negociar con el Gobierno» en una extensa asamblea, de clima áspero, días después de que el Ejecutivo de Cristina Fernández demandara penalmente a asambleístas por el bloqueo en protesta por la fábrica, cuya instalación causó el peor conflicto en décadas entre Argentina y Uruguay.
Numerosos ecologistas consideraron que el bloqueo debía ser liberado «para que el Gobierno argentino no diga que el corte es un obstáculo para el monitoreo conjunto de la planta», explicaron fuentes de la asamblea.
Varios asambleístas también se entusiasmaron con el mensaje que el mandatario de uruguay, José Mujica, difundió en la página web de Presidencia en la que dejó entrever que está dispuesto a permitir el control conjunto con Argentina de la papelera instalada a la vera del río Uruguay, de administración compartida.
«Creo que es un gesto positivo», definió hoy Luis Leissa, abogado de la Asamblea, en alusión a las palabras de Mujica, quien en abril pasado se comprometió con Fernández a marcar reglas para resolver «en etapas sucesivas» el litigio desatado por la instalación de la fábrica.
Ambos mandatarios se propusieron «reencauzar» la relación luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que el pasado 20 de abril dictaminó que Uruguay incumplió el tratado bilateral sobre el río Uruguay al autorizar unilateralmente la instalación de la papelera, pero dijo que no está demostrado que la planta sea contaminante, tal como sostienen los asambleístas.
Luego de una nueva reunión que los presidentes mantuvieron el pasado 2 de junio en Uruguay, el Gobierno argentino anunció su demanda penal a un grupo de asambleístas por sedición, intimidación pública, daños a bienes públicos y otros graves delitos por el bloqueo del paso hacia Fray Bentos, que comenzó en noviembre de 2006.
«El ambiente es de mucha preocupación» desde que el jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, anunció hace una semana la querella, que es «algo muy grave», opinó el asambleísta Juan Veronesi.
Frente a este escenario, los activistas comenzaron a evaluar distintas alternativas, como el levantamiento del bloqueo por 60 días para que avancen las negociaciones bilaterales para el control conjunto de la planta con procedimientos en el interior de la papelera, tal como reclama la asamblea.
Entre las «mociones» también figuraba la posibilidad de liberar el corte «una vez que la Asamblea tuviera acceso al contenido del plan de monitoreo de la planta, mientras otra indicaba que se levantara el bloqueo después de que el Gobierno argentino se comprometiera a no vender ni comprar ningún producto a Botnia», entre otros pedidos, dijo a Efe la asambleísta Lilian Merlín.
Los activistas volvieron a reclamar en la reunión que la papelera deje de funcionar, cuestionaron el accionar de los Gobiernos de Argentina y Uruguay e insistieron en «los daños ambientales» que provoca la planta.
Finalmente, resolvieron liberar temporalmente el corte «como un gesto hacia el Gobierno para que los dos países resuelvan el tema de Botnia», admitió el activista Óscar Bargas.
La división de posiciones entre quienes estaban a favor y en contra del bloqueo quedó reflejada cuando los cientos de asambleístas debieron ir adentro o fuera de la sala de la reunión, según el sufragio de cada uno para simplificar el votación.
De todas formas, los empresarios de Fray Bentos aseguraron hoy que un levantamiento temporal del corte «no resulta útil a nadie» porque la mayoría de las empresas y comercios situados en el paso fronterizo llevan cerradas desde que se inició el corte y reabrirlas supone en muchos casos una gran inversión.
