Los diputados de Paraguay aprueban un juicio político contra el ministro de Defensa

Los diputados de Paraguay aprueban un juicio político contra el ministro de Defensa
Imagen del ministro de Defensa paraguayo, Luis Bareiro Spaini. EFE/Archivo

Los diputados paraguayos aprobaron hoy el juicio político contra el ministro de Defensa, el general en la reserva Luis Bareiro Spaini, tras negarse a comparecer la víspera ante la cámara baja para dar detalles sobre el reciente robo de armas de la sede del Comando del Ejército.

De los 80 diputados, 62 votaron a favor del juicio político por «por supuesto mal desempeño en sus funciones» de Bareiro, que ahora pasa al Senado, que se constituye en juez en este tipo de procesos y en donde se requieren 30 votos a favor, de un total de 45 miembros, para aprobar la destitución del acusado.

El pedido de juicio político fue presentado hoy ante el pleno de la cámara baja por el diputado José López Chávez, del opositor partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), liderado por el ex general Lino Oviedo, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios.

El robo de tres fusiles M-16 en la madrugada del domingo pasado derivó, además, este jueves en el procesamiento judicial del jefe del Comando del Ejército, el general Bartolomé Pineda, por presunta omisión de información a la Fiscalía sobre un delito.

Fuentes oficiales confirmaron el lunes que las tres armas fueron sustraídas de la sede del comando del Ejército cuando los tres militares de guardia fueron dominados por seis encapuchados que presuntamente pertenecían al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo armado que, según las autoridades, fue adiestrado por la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

No obstante, voceros del Ministerio Público indicaron que existen indicios que desvelan que las armas fueron sustraídas por los propios militares implicados en el hecho.

Esa hipótesis también fue avalada hoy por Bareiro, quien en breves declaraciones a la prensa también denunció que es víctima de una persecución política.

El juicio político fue aprobado luego de que Bareiro se excusara, a través de una nota, de asistir a una reunión a la que fue convocado en la víspera por los miembros de la Comisión de Defensa, Seguridad y Orden Interno de la cámara baja.

«El hecho del presunto robo por parte de supuestos guerrilleros del EPP de fusiles del Ejército, como menciona su nota, está actualmente bajo investigación de la Justicia Militar», expresó el ministro en su nota remitida a esa comisión parlamentaria.

«En mi carácter de ministro de Defensa Nacional, no me corresponde adelantar opinión ni apreciaciones sobre el tema en cuestión mientras dure la investigación», agregó.

Los primeros rumores de un juicio político contra el ministro de Defensa surgieron luego de que Bareiro acusara en marzo pasado a la embajadora de Estados Unidos en Asunción, Liliana Ayalde, de injerencia en asuntos internos y la calificara de «primeriza».

El ministro cuestionó en una nota remitida a la embajadora, al Pentágono y al Comando Sur, presuntos agravios contra el Gobierno paraguayo surgidos en conversaciones del vicepresidente de este país Federico Franco, con militares estadounidenses y otros políticos locales en un almuerzo ofrecido por la legación de EE.UU. en esta capital, en la que Ayalde ofició de anfitriona.

Ese hecho motivó el 22 de abril pasado la aprobación de los diputados de un proyecto de censura, no vinculante, contra las declaraciones del ministro de Defensa.

El Senado también emitió el 11 de marzo último un proyecto de declaración contra del ministro, al que acusó de sostener una postura «agraviante e irrespetuosa» contra la embajadora estadounidense.

Bareiro también había sido duramente cuestionado por referentes políticos luego de permitir la realización en mayo de 2009 de un encuentro de jóvenes suramericanos de izquierda en la sede del Comando de Ingeniería de la Fuerzas Armadas.

El jefe de Gabinete de la Presidencia, Miguel López Perito, dijo hoy a periodistas que hasta el momento no tiene mayores informes sobre la postura del jefe de Estado, Fernando Lugo, con relación a la situación que afecta a Bareiro, un general retirado que asumió el cargo el 15 de agosto del 2008, tras la asunción del gobernante.

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