El ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004) será el primer ex jefe de Estado en ir a un juicio oral y público por una millonaria malversación de fondos públicos durante su administración, informó hoy una fuente judicial.
El Tribunal Quinto del ramo penal resolvió anoche enviar a juicio a Portillo en septiembre próximo, junto a sus ex ministros de Defensa y Finanzas, Eduardo Arévalo y Manuel Maza, respectivamente, por la malversación de 120 millones de quetzales (unos 15 millones de dólares).
Portillo, Arévalo y Maza son acusados del delito de peculado (malversación) por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Aunque no se precisó la fecha, el juez Marco Antonio Villeda dijo que el juicio será en septiembre próximo.
Portillo fue extraditado de México en octubre de 2008 a petición de la justicia guatemalteca que lo reclamó por el delito de peculado, pero quedó en libertad al pagar una fianza de unos 125.000 dólares.
Sin embargo, en enero pasado fue detenido a petición de Estados Unidos, que lo reclama en extradición por conspiración para el lavado de dinero de unos 70 millones de dólares y guarda prisión preventiva en un cuartel militar del norte de la capital.
Mientras, Arévalo y Maza están detenidos en el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, en el norte de la ciudad.
El abogado del ex presidente Portillo, Telésforo Guerra, reiteró hoy, en declaraciones a una radio local, que la decisión de enviar a un juicio a su cliente no tiene ninguna validez jurídica.
«Inevitablemente este es una persecución política», sostuvo el letrado, al anunciar que impugnará la decisión del tribunal porque no existen pruebas en contra del ex mandatario.
«Hay intereses poderosos detrás de la investigación», enfatizó el jurista.
Según Guerra, su cliente cuenta con un finiquito que le entregó la Contraloría General de Cuentas de la Nación al terminar su mandato el 14 de enero de 2004.
Además, el jurista dijo que seguirán insistiendo ante los tribunales para que se deje fuera del caso a la Cicig, porque su mandato es para investigar y desmantelar aparatos y cuerpos clandestinos de seguridad, lo cual no se ha podido probar en el proceso en contra de Portillo.
Según las leyes guatemaltecas, el delito de peculado contempla una pena máxima de cárcel de diez años de prisión.
De ser encontrado culpable, el ex presidente Portillo deberá cumplir con esta sentencia, y luego deberá ser extraditado a Estados Unidos, debido a que las cortes de este país ya aprobaron la solicitud, que sólo está pendiente de que la firme el presidente de Guatemala, Álvaro Colom.
El actual mandatario ha dicho en varias ocasiones que está dispuesto a firmar la extradición de Portillo, que también es reclamado por Francia por presunto lavado de dinero.
